Lissavetzky dice que el acuerdo es como firmar un "papel en blanco" porque no se detalla ni dividendos ni venta de patrimonio
MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PSM ha presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para reclamar la anulación del convenio rubricado entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad para la incorporación del Consistorio al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II, al entender que dicho acuerdo supone la "privatización" de la gestión y distribución de un bien esencial para la sociedad.
Además, el recurso (con fecha de 5 de diciembre) ahonda en que esa adhesión se ha producido sin determinar el patrimonio que va a ser "puesto en venta" por parte de la futura sociedad mercantil que gestionará el Canal y sin determinar, a su vez, los dividendos que recibirá el Consistorio por las acciones que tendrá de la empresa en virtud del citado convenio.
Así lo ha detallado en rueda de prensa la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Amparo Valcarce, y el portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky, quienes han cargado contra un proceso que supone la "privatización" de la gestión de un recurso esencial para los ciudadanos realizada con "oscurantismo" y que supondrá una serie de "tarifazos" a los madrileños. "Esto ha sido como firmar un papel en blanco", ha detallado.
Lissavetzky ha indicado que este recurso estaba planificado desde el PSOE desde el pleno de abril del 2011 donde se validó la adhesión del Ayuntamiento de Madrid al modelo de gestión para crear una sociedad mercantil, pero que se ha presentado en estas fechas dado que no fue publicado el nuevo modelo hasta octubre del presente año en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, un retraso que a su juicio se debe por motivos de "contabilidad creativa" de ingresos y gastos
En este sentido, ha agregado que el Ayuntamiento cuenta con un porcentaje del 10 por ciento de la sociedad mercantil y que ha cambio de eso recibirá dividendos, sin saber cuáles, por la gestión comercial de un bien de interés público. Asimismo, ha agregado que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, valido ese acuerdo, en su opinión, al admitir las órdenes de "sus jefes en la Comunidad".
EL CASO DE PARÍS ES UN EJEMPLO
También ha remarcado que el caso de Paris es un ejemplo paradigmático puesto que se realizó una operación de privatización semejante que reveló pérdida de calidad de servicio. Una situación que fue revertida cuando los socialistas se hicieron con la alcaldía y recuperaron la gestión pública del agua, lo que derivó además en una bajada de tarifas.
En este sentido, ha remarcado que la Comunidad, en este proceso, ya ha incrementado un 4,2 por ciento la tarifa con la intención de "hacer caja" y poder así tapar "su mala gestión" y el déficit acumulado.
Por su parte, Valcarce ha recalcado que el Canal es una empresa que abastece a 6,5 millones de personas y ha tenido unos beneficios de 120 millones de euros los últimos cinco años con una media de inversión de más de 300 millones de euros. "Está en juego el patrimonio de los madrileños no solo para hacer caja sino para poner lo que es mejor de todos al beneficio de unos pocos", ha apostillado la diputada autonómica.
A su juicio, esta "privatización" no va a supone "mejor gestión, mejor calidad medioambiental ni mejores tarifas, a la vez que ha añadido que no es cierto que la subida del 4,2 por ciento de la tarifa sea para realizar inversiones puesto que estás se reducen un 50 por ciento en 2013.
LA INSEGURIDAD JURÍDICA BLOQUEA EL PROCESO
También ha lamentado "la opacidad" de las cuentas de las dos empresas (Canal Isabel II ente y Canal Isabel II gestión) y que esta situación es ejemplo de la "mala gestión" que quiere "enjuagar" con la venta de patrimonio la deuda y el déficit del Ejecutivo regional. Por tanto, Valcarce ha recordado que se ha pedido al Tribunal de Cuentas que audite las cuentas del Canal, ante posibles acciones de "despilfarro" como una partida de 10,7 millones para publicidad y refuerzo de la imagen del Canal.
Por otro lado, ha reiterado que el Gobierno regional debe aclarar qué patrimonio se vende y qué reparto de dividendos se realizará a cada uno de los ayuntamientos. En este sentido, la presidenta del grupo parlamentario socialista en la Asamblea ha indicado que varios ayuntamientos están estudiando también presentar recursos contenciosos contra este modelo en próximos días.
"La oposición a la privatización es un clamor" para indicar que 150.000 ciudadanos han firmado ya una petición contra la privatización y que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSOE.
