Foto: EUROPA PRESS
ALCORCÓN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcorcón ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra los Presupuestos Municipales aprobados por el Gobierno local del PP por entender que pueden incurrir en "irregularidades", según ha detallado este miércoles la portavoz de la formación, Natalia de Andrés.
La responsable socialista ha indicado que la elaboración de las cuentas del Consistorio para el presente ejercicio 2012 "puede tener repercusiones negativas, no sólo en el ámbito social, sino también en el económico" ya que a su entender "plantea posibles incumplimientos de los compromisos que tiene esta ciudad así como en la atención de diversos contratos y convenios existentes", lo que además puede plantear un posible coste económico al Ayuntamiento "por la posibilidad de que se generen posibles indemnizaciones".
En este sentido, De Andrés ha explicado que una de las posibles irregularidades se refiere a la amortización de distintos puestos de trabajo en el Patronato Deportivo Municipal de carácter funcionarial "que se convertirán en cargos de confianza políticos", así como en el hecho de que la empresa municipal de servicios --Esmasa-- no cuente con partidas presupuestarias "para atender sus obligaciones reflejadas en un convenio que es de obligado cumplimiento hasta que se modifique".
Tal y como han detallado los socialistas, otros aspectos presuntamente irregulares podrían ser la modificación de los complementos específicos del salario de los trabajadores municipales "sin haber realizado una valoración de puestos de trabajo previamente" o la dotación presupuestaria "de 18 millones de euros para una posible indemnización aunque nos exista ninguna resolución judicial que obligue a ello".
A todo ello se une la situación del CREAA, ya que el Gobierno local "no ha incluido en los presupuestos municipales las obligaciones existentes a este contrato", según ha puntualizado De Andrés. A este respecto, la portavoz socialista ha indicado que el PP tiene la posibilidad de "paralizar y eliminar" estas obras, que se encuentran ejecutadas en un 80 por ciento, si bien para ello "es imprescindible que rescinda el contrato previamente puesto que, mientras siga vigente, el Consistorio tiene obligaciones que atender".
De Andrés ha sumado a su vez otras presuntas irregularidades como los ingresos planteados derivados de la privatización del Canal de Isabel II o la creación de una nueva plaza de subinspector de Policía Municipal sin haber creado previamente la pertinente "estructura y escala de mandos".