MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal socialista llevará al próximo Pleno una proposición para instar al Ayuntamiento que reclame al Gobierno regional que subsane los defectos detectados por el Tribunal Supremo respecto a la declaración de interés general de las instalaciones deportivas situadas en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II.
En declaraciones a Europa Press, Cruz también ha detallado que la iniciativa pide a la Comunidad que "mueva ficha" al respecto pero que también hace un llamamiento al Consistorio sobre la existencia de una instalación pública que, a raíz de la sentencia, carece actualmente de licencia de actividad.
Cruz, quien ha señalado que intentó llevar esta cuestión a la Junta Municipal de Chamberí, ha agregado que el Ayuntamiento no debe "quedarse quieto" cuando precisamente son las administraciones las que exigen esa licencia a los recintos privados y, sobre todo, tras la preocupación que se ha generado sobre las licencia a raíz de la tragedia del Madrid Arena.
El edil socialista ha remarcado que su grupo aboga por que se proceda a la clausura de la instalación hasta que no se obtenga esa licencia y lamenta que hasta el momento el Ayuntamiento no haya atendido a esta reclamación.
A finales de enero, la Asociación de Vecinos 'El Organillo de Chamberí' remitió un escrito al Ayuntamiento de Madrid donde solicitaba que se clausure el complejo deportivo en el Tercer Depósito del Canal de Isabel II al tender que el complejo carece de licencia tras la sentencia del Supremo de declaraba nulo la declaración de Interés General de estas obras.
El escrito, que respaldaba el PSOE, iba dirigido al Ayuntamiento y le exhortaba a iniciar con carácter de urgencia los procedimientos necesarios para el restablecimiento de la legalidad urbanística de las obras realizadas.
"Al haber confirmado el Tribunal Supremo la sentencia que declara nulo el acuerdo (del Consejo de Gobierno) de 18 de enero de 2007 que pretendían fundamentarse y apoyar las obras ejecutadas; éstas han quedado sin licencia y por tanto la actividad que se desarrolla es ilegal y procede su clausura", recoge el texto de la carta remitida.
Por otro lado, se pedía que se inicie un expediente sancionador al haberse realizado la actividad con unas licencias en virtud de una declaración que ha declarado nula el TSJM y proceda al reestablecimiento de la legalidad urbanística requiriendo al promotor de las obras que legalice la situación en un plazo de dos meses.
