El reglamento de Oficina Municipal contra Corrupción pasa por comisión la próxima semana

 
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El reglamento de Oficina Municipal contra Corrupción pasa por comisión la próxima semana

Actualizado 13/10/2016 18:32:11 CET

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El reglamento de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción pasará este miércoles, 19 de octubre, por una sesión extraordinaria de la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, aclaró días atrás en rueda de prensa que la Oficina Anticorrupción "no señalará a nadie" sino que lo que hará será elaborar informes, donde se recogerá información que se pasará a los órganos competentes.

Su reglamento tiene que ser aprobado por el Pleno, después de pasar por la tramitación preceptiva en la Junta de Gobierno y en la comisión de Transparencia. El borrador aprobado inicialmente en Junta ya abrió su plazo de información pública y el periodo de aportaciones de los partidos políticos.

La Oficina forma parte de los acuerdos de investidura entre Ahora Madrid y PSOE. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció en el pasado Pleno de marzo que el futuro director de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción superará la legislatura, con mandatos de cinco años.

Este organismo dependerá del Pleno y se le dotará de una estructura de funcionamiento a través de la comisión de Transparencia, por la que tendrá que pasar el director mediante una entrevista previa, además de obtener el apoyo de las tres quintas partes del Pleno en primera votación o de mayoría simple en segunda.

La Oficina se hará cargo de denuncias y noticias sobre supuestos casos de fraude o aprovechamiento de patrimonio que pueda resultar censurable. La segunda gran función de la Oficina será el análisis de los motivos que han degenerado en causas de corrupción, como la tardanza y la oscuridad en la Administración.

El director estará respaldado por un consejo asesor integrado por cinco vocales procedentes de la sociedad civil. Los plazos para investigar se fijan en seis meses, ampliables a tres más. Si se detectan posibles ilícitos penales se remitirán a las autoridades competentes. Los trabajos no serán compatibles con investigaciones judiciales en marcha.

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