Según el alcalde, los ayuntamientos afectados y la Delegación del Gobierno están dispuestos a actuar, y "el único problema es Aguirre"
MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa (IU), envió el pasado martes una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, instándole a que intervenga en la Cañada Real Galiana en ejercicio de sus obligaciones, y amenazándola con acudir a los tribunales en caso de que no actúe de oficio.
En declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, Masa afirmó que "hay 30 días naturales desde que se envió la carta, el 28 de octubre, para que Aguirre tome la decisión que se le requiere en el escrito, en el que se exige que la Comunidad, en obligación de sus responsabilidades como propietaria de la vía pecuaria, actúe de oficio para recuperar este espacio público".
Así, "si no responde y no actúa, la Administración de Rivas puede reclamar a los tribunales la actuación de Aguirre mediante una demanda", continuó el primer edil ripense, criticando que la presidenta regional "nunca ha atendido a las razones políticas" que se le han hecho con "desde hace muchos años, y con múltiples escritos, reclamaciones y actos públicos" desde diversos frentes.
"Aguirre nunca ha escuchado ni al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ni a mí ni a nadie que le haya demandado que actúe en la Cañada creando una comisión en la que participen tanto la Comunidad como la Delegación de Gobierno como los cinco ayuntamientos afectados --Madrid, Rivas, Getafe, San Fernando de Henares y Coslada-- y donde se estudien los problemas y soluciones de este desafío que supone la Cañada", reprochó Masa.
De acabar recurriendo a la vía judicial, Masa aportará a los tribunales "un largo dossier de reclamaciones verbales y escritas realizadas a Aguirre y que no han recibido atención". "Queremos que nos tenga en consideración y, si en un mes no lo ha hecho y a Rivas le corresponde hacer la demanda, yo mismo la haré para que sean los tribunales los que la obliguen a tomar la decisión que le corresponde", aseguró el líder de IU.
Masa reconoció no estar seguro de cuáles podrían ser las consecuencias de no acatar una posible sentencia judicial, ya que "hay poca jurisprudencia", pero entendió que "si dicen que la Comunidad debe desmantelar la Cañada y no lo hace, la Comunidad incumplirá no sólo un procedimiento legal, sino también judicial, e incorporaría en otras responsabilidades".
OFRECIMIENTO DE LA COMUNIDAD
Este ultimátum se produce un día después de que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, afirmara que la Comunidad está estudiando dar una salida a la gente que lleva muchos años asentada en la Cañada, regularizando a quienes viven allí desde hace varias décadas.
Además, trasladó la responsabilidad de este asunto a los ayuntamientos, por ser un problema "fundamentalmente de disciplina urbanística", y aseguró que el Ejecutivo autonómico acudirá a cualquier reunión a la que la llamen, aunque "de momento no ha habido ninguna convocatoria".
"No sé quién debe convocar la reunión, pero la Comunidad de Madrid es obviamente mucho más responsable porque es la dueña del terreno sobre la que hay asentamientos ilegales, personas viviendo en situación de exclusión social y una serie de elementos delincuenciales como tráfico de drogas", respondió Masa, añadiendo que si los ayuntamientos pudieran hacer algo "ya habrían puesto en marcha el mecanismo".
Además, el primer edil ripense recordó que el pasado mes de mayo la Delegación del Gobierno "hizo una convocatoria a todos los ayuntamientos y a la Comunidad para proponer soluciones globales para la Cañada, pero el Ejecutivo regional mandó a responsables secundarios y no a los importantes, que son los de política territorial y economía, así como a los del IRIS para los realojos".
TRABAJO EN EQUIPO
Por último, Masa aseguró que los cinco ayuntamientos intentarán trabajar "en un movimiento conjunto". "Madrid y Rivas, que son los municipios más afectados, ya estamos trabajando conjuntamente desde hace al menos tres años, aceptando las actuaciones de disciplina urbanística que hay que realizar para evitar que los asentamientos crezcan, y trabajando con los servicios sociales para la escolarización y la sanidad", indicó.
"Ese trabajo se viene haciendo, y los otros ayuntamientos que tienen un impacto menor también están dispuestos a hacerlo, así que no sería un problema para ellos, como tampoco lo sería para la Delegación de Gobierno. El único problema es Aguirre, que no quiere asumir sus responsabilidades", criticó.
La carta enviada a Aguirre ha sido remitida también a los portavoces de los tres partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid, que "aún no han respondido aunque podrían no haberla recibido".
Por último, Masa avanzó que "cuando falten pocos días para que se cumpla el plazo, aproximadamente el 27 de noviembre, se registrará un recordatorio en la Asamblea de Madrid para la presidenta y para los grupos parlamentarios".
