MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de UPyD ha solicitado este miércoles la celebración urgente de un pleno monográfico en la Asamblea sobre la situación de Caja Madrid.
Según han indicado desde la formación magenta en un comunicado, quieren que en esa sesión se celebre un debate monográfico sobre "el ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía y la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid atribuyen al Gobierno de la Comunidad de Madrid".
Estas declaraciones se producen el mismo día en que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada por Unión y Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 exconsejeros de Bankia, entre los que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y políticos del PP, PSOE e IU que formaban parte de la cúpula de la entidad.
A este respecto, el portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha afirmado que "si la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella en tiempo récord es porque el juez habrá apreciado seguramente indicios razonables".
De Velasco ha indicado que "la querella se presentó buscando por esa vía justicia para cientos de miles de perjudicados y sanción para los que sean declarados culpables".
UPyD en la Asamblea de Madrid lleva desde febrero tratando de que el Gobierno de Esperanza Aguirre responda a sus preguntas sobre Caja Madrid, entidad que controla el Grupo BFA- Bankia.
Según han señalado, "toda la normativa regional vigente en materia de cajas de ahorro establece la competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre estas entidades y, especialmente, sobre la más importante de ellas: Caja Madrid". "Por ello, gran parte de los problemas de esta entidad y de la propia Bankia son responsabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha añadido Velasco.
El Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea solicitó primero la creación de una comisión de investigación que fue denegada por la Mesa de la Asamblea. La Mesa rechazó también una interpelación, un escrito de reconsideración y una Proposición No de Ley (PNL), alegando siempre que el Gobierno de la Comunidad de Madrid carece de competencias sobre esta materia, "algo totalmente contradictorio con la normativa vigente".
