El portavoz de Madrid de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Mikel Buesa, y el Coordinador Territorial, Ramón Marcos Allo, respaldaron hoy las movilizaciones emprendidas por jueces, magistrados y secretarios judiciales de toda España contra lo que consideran intromisiones del Gobierno en el 'caso Mari Luz', informó hoy UPyD en un comunicado.
Para Marcos Allo, "el Ministro de Justicia se equivoca cuando trata de confundir lo que es la reivindicación del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos con meros intereses corporativistas"."No le interesa esa reivindicación, no quiere controles", sentenció.
A su entender, es "imposible tener una Justicia eficaz cuando "la informatización es diferente en cada comunidad autónoma, cuando los Juzgados y Tribunales de España no comparten un sistema común y único que les permita conocer el estado de los procedimientos, así como los antecedentes policiales y judiciales".
También criticó que "pasen los años" y la organización judicial sigue "anclada en prácticas decimonónicas en lugar de desarrollar una Oficina Judicial moderna", o que no haya "independencia del Poder Judicial con respecto al resto de poderes del Estado, y que no se cuenta con suficientes medios técnicos y organizativos".
Trajo a colación la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) correspondiente a 2007, en la que se recoge que los casos pendientes de resolver al finalizar el año se cifraban en 467.950, un 11 por ciento más que en 2006. "A ello hay que sumar el consiguiente retraso que se acumula por la deficiencia de órganos judiciales y falta de jueces y magistrados", apuntó.
"Es imprescindible aumentar el número de jueces y magistrados, modernizar la Oficina Judicial, y delimitar el ámbito de responsabilidad de los miembros de la Administración de Justicia, para que los ciudadanos vean garantizado su derecho a la tutela judicial. Esta reforma no es un derecho de los cuerpos de justicia, sino de los ciudadanos", subrayó.
UPyD ve difícil que pueda hacerse esta reforma, dado que a su juicio quien "está obligado a promoverla es el Consejo General del Poder Judicial, que en la actualidad es un instrumento en manos de los partidos que nombran a sus vocales y cuyo Presidente, que lo es también del Tribunal Supremo, es nombrado por el Presidente del Gobierno, quien no sólo no se avergüenza, sino que se jacta de ello". "No hay separación de poderes, no interesa una Justicia independiente y eficaz, y por otra parte en Madrid, el Gobierno de la Comunidad no parece tener entre sus prioridades este problema importantísimo de los madrileños", concluyó.