Valcarce cree que la Ley regional "no servirá para nada porque no ataca el problema fundamental"

Actualizado 04/03/2011 19:18:57 CET

"Si Esperanza Aguirre desaprovecha esta oportunidad habrá tirado por tierra la ocasión de iniciar el principio del fin de la Cañada", dice

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, ha opinado este viernes que la Ley de la Cañada Real Galiana que tramita la Asamblea de Madrid y que será aprobada, previsiblemente, el próximo día 10 de marzo "no servirá para nada porque no ataca el problema fundamental" de esta zona donde viven entre 15.000 y 40.000 personas.

En una entrevista con Madridiario que recoge Europa Press, Valcarce señala que "sin solucionar (el tema social) es inútil lo que vaya a hacer (la Ley) que, en estas condiciones, no servirá para nada porque no ataca el problema fundamental".

Este asunto es, precisamente, el que está causando una mayor división entre las administraciones implicadas en la zona --además de la Delegación, el Gobierno regional y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas--, ya que mientras la Comunidad de Madrid ha decidido fijar un plazo máximo de dos años para abordar la solución social, el resto de instituciones y la oposición regional rechazan ese tiempo.

A este respecto, Valcarce ha señalado que el rechazo viene dado porque la normativa "establece un plazo de tiempo cortísimo para que los ayuntamientos cumplan su parte y no garantiza en cambio la educación de los niños y jóvenes, la situación sanitaria, la actuación contra la exclusión social, los realojos y las medidas medioambientales".

"Y para solucionar todo ello a la Comunidad no le hace falta una ley, sino un plan urgente de atención que llevo dos años pidiendo", ha reprochado, señalando que para ella es "una profunda decepción" que el Ejecutivo autonómico siga adelante con el texto sin contar con los demás actores.

BUSCAR EL CONSENSO

Así, ha hecho "un último llamamiento" a la Comunidad de Madrid para que "reconsidere" su posición y busque un acuerdo que, a su juicio, es indispensable para que el plan pueda tener éxito.

"Con el planteamiento de la Comunidad no se resuelve el problema de la Cañada Real, que es sobre todo un problema social muy complejo que no se resuelve con soluciones urbanísticas. Siempre he apostado por la lealtad, la colaboración y el diálogo entre administraciones. El problema es que eso no se ha plasmado en un acuerdo. Lo que tenemos es un acuerdo de todos contra la Comunidad de Madrid. No es casual que estemos todos, incluido el propio Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo en que lo que va a hacer no es bueno", ha explicado.

Además, ha insistido en que "desde el primer momento" de su llegada a la Delegación del Gobierno ha "impulsado y defendido" un acuerdo para la Cañada Real. "Queda poco tiempo, pero tenemos que aprovecharlo. Si Esperanza Aguirre desaprovecha esta oportunidad habrá tirado por tierra la ocasión de inicia el principio del fin de la Cañada, para que sea un espacio fuera de la exclusión social, que alcanza niveles inaceptables en un país europeo y en una ciudad como Madrid. Con una llamada para reunirnos es suficiente", ha apostillado.

Frente a esto, ha acusado al Ayuntamiento y, fundamentalmente, a la Comunidad de haber permitido que la situación en la Cañada se deteriore hasta su estado actual por "no ejercer sus competencias". "Si no se hubiese hecho dejación de funciones, problemas como el chabolismo, la exclusión social y la marginalidad no habría alcanzado las proporciones inaceptables que tiene hoy. No se puede seguir mirando para otro lado", ha añadido.

PROBLEMA DE SEGURIDAD

Preguntada por el ámbito concreto de sus competencias en la zona, la seguridad, Valcarce ha explicado que "frecuentemente hay operaciones policiales y se han llegado a dar secuestros o asesinatos" en la Cañada y ha señalado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen allí "operativos especiales cada semana con la Policía Nacional y la Guardia Civil dedicados a la seguridad ciudadana, contra el tráfico y menudeo de drogas o el robo de cobre".

Sin embargo, ha argumentado que no se puede intervenir de forma general en la zona porque allí también viven "personas pobres, atrapadas por la pobreza y la exclusión social" que no son delincuentes, y a los que hay que diferenciar de "la minoría que se aprovecha de esa situación de marginalidad para delinquir".

"Nunca se han hecho tantos operativos como en los últimos dos años, muchos, en coordinación con la Policía Local de Madrid. Nunca se ha detenido a tantos miembros de clanes históricos de la droga, pero tampoco se ha apoyado tanto a Cruz Roja, el Secretariado Gitano y la Parroquia de Santo Domingo en su labor social en la zona", se ha jactado.

Sin embargo, el problema sigue existiendo y es, a su juicio, "importantísimo", ya que con el paso de los años la Cañada se ha convertido en un "espacio de alegalidad" en el que, además, "se producen periódicamente incendios e inundaciones y la situación sanitaria es insostenible".

"Por eso hay que actuar urgentemente en lo social y no en el urbanismo, que vendrá después. Tenemos que actuar sólo contra los delincuentes. No todos los que viven en la Cañada son delincuentes, sino personas pobres y excluidas que necesitan de una intervención social", ha zanjado.

Y entre sus propuestas de intervención social más prioritarias, la delegada ha señalado la instalación de una "unidad de venopunción" que contribuya a "acabar con la situación inhumana de los drogodependientes".

"Ésta sería el 'punto cero', el primer paso para que abandonen las drogas. Estas personas son enfermos, que no son la mayoría, pero tienen sus derechos. También he pedido un plan de limpieza urgente, porque la insalubridad es intolerable, y que se apoye la labor de las ONG en la zona. Ése es el camino adecuado a seguir", ha concluido.