Dice que debe ser compatible con otras ayudas económicas, siempre y cuando no superen el 100% del coste subvencionable
MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
ERC ha solicitado que se apruebe un plan plurianual, con una dotación mínima de 20 millones de euros, para incentivar la compra de vehículos eléctricos, con hasta 7.000 euros por unidad, y la instalación de puntos de recarga como medida para fomentar la movilidad eléctrica en España.
La formación política presentó esta propuesta a través de una enmienda, no admitida a trámite, a la Ley Sequía del 2 de febrero de 2018 en el Senado, en la que también se demandaba el apoyo a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Esta enmienda de ERC, no admitida en el Senado, reclamaba que las ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos se otorguen cada año, en cuatro convocatorias trimestrales, a partir de la entrada en vigor de dicha Ley y al menos hasta el 31 de diciembre de 2022.
Dichas ayudas consistirían en un incentivo directo a la compra de vehículos eléctricos que sufrague el 25% del coste total de estos (IVA incluido), hasta una cantidad máxima de 7.000 euros por vehículo. Asimismo, ERC propone ayudas a la instalación de puntos de recarga de entre 1.000 y 500 euros, en función de las características y la potencia.
En total, reclama que las ayudas al vehículo eléctrico y a la instalación de puntos de recarga tengan una dotación mínima de 20 millones anuales que sean compatibles con otras subvenciones económicas, siempre y cuando no superen el 100% del coste subvencionable. Asimismo, solicita que las ayudas percibidas no estén sujetas a tributación en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
ERC justifica su petición como una medida de concreción para el impulso del vehículo eléctrico y de fomento de la movilidad eléctrica, cuyos beneficios son muy "importantes" para la sociedad en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la calidad del aire y, por tanto, para la consecución de los objetivos de reducción de emisiones contaminantes a los que España se ha comprometido.
Por otro lado, solicita que se modifique el Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Según la formación catalana, el contrato de suministro debe ser personal y su titular tendrá que ser el efectivo usuario de la energía, no pudiéndola utilizar en un lugar distinto para el que fue contratada, ni cederla, ni venderla a terceros. "Se exceptúa de estas limitaciones la energía que sea cedida gratuitamente, o a cambio de una retribución, únicamente y exclusivamente para servicios de recarga energética, siempre que la misma se realice en el mismo lugar para el que fue contratado el suministro", concreta.
Asimismo, entiende que el apartado 6b del artículo 95 de la Ley de Haciendas Locales debe recoger una bonificación de hasta el 100% en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.
UN MÍNIMO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO CON PUNTOS DE RECARGA.
Por su parte, según el partido catalán, la Ley 40/2002 reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos deberá prever, a partir del 1 de enero de 2019, un "mínimo obligatorio" de un 15% de plazas de aparcamiento con dotación de infraestructura de recarga normal. Del mismo modo, los municipios de más de 20.000 habitantes deberán contar también con un 5% de plazas de aparcamiento con punto de recarga normal y con posibilidad de reserva preferente o exclusiva para los vehículos eléctricos desde las 20.00 horas hasta las 07.00 horas, con el objetivo de facilitar la carga nocturna.
De su lado, según ERC, los titulares de puntos de carga rápida deberían tener derecho a una subvención que compense el 50% del coste del término de potencia, del peaje de acceso a la red de transporte y distribución y cargos en su factura eléctrica para los puntos de recarga públicos con una potencia contratada superior a los 40 kilovatios (kW), desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones establecidas.
"Esta subvención será financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y permitirá compensar en parte los costes de la factura eléctrica del beneficiario. De esta forma, en los PGE se determinará cada año la aportación a realizar para cubrir la reducción de estos costes del término de potencia de la factura eléctrica", proponía el partido catalán.
