(Ampliación) Delphi pagará 120 millones en indemnizaciones tras alcanzar un acuerdo con sindicatos

 

(Ampliación) Delphi pagará 120 millones en indemnizaciones tras alcanzar un acuerdo con sindicatos

Actualizado 05/07/2007 18:58:59 CET

La factoría de Puerto Real cerrará el 31 de julio y los activos se cederán a la Junta, que los gestionará conjuntamente con sindicatos

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz) y los representantes de la empresa alcanzaron hoy un acuerdo sobre el futuro de dicha factoría tras más de 24 horas de negociación, de forma que se pagará en concepto de indemnizaciones unos 120 millones de euros, puesto que se plantea llegar a los 45 días por año trabajado con un tope máximo de 42 mensualidades.

El acuerdo, firmado hoy por las partes, contempla además la cesión a la Junta de Andalucía o a quien ésta designe de los activos de la factoría --terrenos, naves y maquinaria--, cuantificados en unos 170 millones de euros, según informaron a Europa Press fuentes de la negociación, que precisaron que Junta y sindicatos gestionarán de forma conjunta dichos activos.

El comité de empresa de Delphi de Puerto Real (Cádiz) inició ayer sobre las 13.00 horas unas largas negociaciones con la dirección de la multinacional norteamericana, los administradores concursales y representantes de las consejerías de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa, que se ha prolongado durante unas 28 horas hasta pasadas las 13.00 horas de hoy.

El compromiso, alcanzado tras una "negociación larga y difícil", tendrá que ser refrendado mañana por el conjunto de los trabajadores y se traduce en un acuerdo entre los trabajadores y la empresa y un protocolo paralelo entre Junta y empleados.

De esta forma, según relató el presidente del comité de empresa de la factoría de Puerto Real, Antonio Pina, la planta hará efectivo el cierre el 31 de julio, algo que supone "la conclusión de una etapa de 25 años con la empresa y ahora se inicia una nueva de la mano de la Junta para intentar buscar soluciones al empleo que todos demandamos en la Bahía de Cádiz".

De esta forma, Pina consideró "positivo" el acuerdo alcanzando y destacó que "hayamos conseguido todos los activos libres de carga", que se cederán a la Junta o a quien ésta determine y que será gestionada de forma conjunta con las centrales sindicales. No obstante, precisó que no se ha podido alcanzar un acuerdo para la cesión de las patentes, algo que ha sido "imposible".

Explicó que antes de la cesión de activos a la Junta se debe finiquitar la deuda con otros acreedores, algo que puede rondar unos cuatro meses, pero donde, según explicaron a Europa Press fuentes de la negociación, se acordó la condonación de la deuda con la matriz, cifrada en unos 175 millones de euros, y se está pendiente de suscribir un convenio con el resto de acreedores para la quita de la deuda por ese concepto, cifrada en unos 25 millones de euros.

Pina precisó que los 45 días por año trabajado con un tope máximo de 42 mensualidades, que es el máximo el que marca la Ley, se percibirán en concepto de indemnizaciones y que supone un montante total de 120 millones, aunque indicó que "ninguno de los trabajadores llega a esos 42 mensualidades", estando el máximo en unas 39 mensualidades.

A este respecto, explicó que uno de los principales escollos de la negociación y que provocó una de las situaciones más tensas de la negociación se planteó cuando la empresa planteó pagar 35 días de sueldo por año trabajado mientras que los diez días restantes se pagaría hipotecando algunos activos.

En ese sentido, fuentes de la negociación indicaron a Europa Press, que para subsanar ese escollo se ha decidido finalmente fijar un tope de indemnización, cifrado en 200.000 euros por cada trabajador.

PROTOCOLO CON LA JUNTA

Antonio Pina indicó que en el protocolo alcanzado con la Junta, basada en la "empleabilidad" e "inserción laboral" de todos los trabajadores, se habla de posibles prejubilaciones, recolocaciones y la búsqueda de alternativas para las industrias que se quieran instalar en los terrenos de Delphi.

Para ello, a partir de la próxima semana las partes hablarán más concretamente de esas alternativas para los trabajadores.

De esta forma, la Junta se compromete con los sindicatos a analizar y acordar las medidas sociolaborales antes del 30 de septiembre de 2007 para aquellos trabajadores que tengan dificultad en concretar su recolocación y Junta y sindicatos trabajarán para articular medidas complementarias y de reposición de prestaciones para aquellas personas que, siendo susceptibles de recolocación, no lo hayan conseguido antes del 31 de julio de 2009.

Además, según este protocolo, al que se anexa el acuerdo para la industria auxiliar firmado en Cádiz entre la Consejería y los sindicatos CC.OO. y UGT, se constituirá una bolsa de trabajo para los trabajadores que manifiesten su interés en las medidas anteriores y especialmente en su recolocación, para que sean aceptados en los planes de formación que se diseñarán entre la Junta y los sindicatos, con el fin de "conseguir el objetivo de la recolocación aplicando en su caso las medidas complementarias".

"AVISO A NAVEGANTES"

Pina consideró que la forma en que se han conseguido los activos "ha sido un logro muy importante, fundamental para la continuidad de la industria". No obstante, reconoció que "aunque es muy triste la etapa con Delphi ha terminado, pero esa es la realidad y hemos conseguido que Delphi no se vaya de rositas", puesto que "tendrá que desembolsar un montante económico que supera con creces los 500 millones de euros". "Ha sido como el divorcio de un matrimonio donde finalmente hemos alcanzado el mutuo acuerdo, antes del dictamen de la juez", añadió.

Por su parte, el consejero de Empleo, Antonio Fernández consideró que "hemos cerrado una crisis para abrir una gran oportunidad de empleo y para labrar un futuro", por lo que agradeció a todos los negociadores su voluntad y esfuerzo en este conflicto.

El consejero, que indicó que la Junta "será la tenedora de los activos", precisó que en este acuerdo, que tendrá que recibir el visto bueno de la juez del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, Nuria Orellana, "hay una apuesta por la actividad en la Bahía de Cádiz" y destacó que "hemos conseguido algo que parecía imposible, que los activos se queden en Andalucía a coste cero".

"Con esta hoja de ruta trazada por Junta y sindicatos hemos marcado para el futuro líneas claras y supone un aviso a navegantes para cualquier empresario que intente deslocalizar", agregó el consejero, que se mostró satisfecho por el "deber cumplido y el trabajo realizado".

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