En lo que va de año, la Comunidad de Murcia ha acogido un total de 234 Menores Extranjeros No Acompañados en los centros de protección
MURCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Ejecutivo regional, Noelia Arroyo, ha acusado al Gobierno de España de discriminar a la Comunidad de Murcia al excluirla del reparto de 40 millones de euros de ayudas para la acogida de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), a pesar de que la Administración autonómica se encarga de atender a este colectivo de inmigrantes desde hace dos años
A juicio de Arroyo, se trata de un "nuevo maltrato y una nueva injusticia" para comunidades autónomas como la de Murcia, que "están acogiendo a esos menores y prestando la protección, la ayuda humanitaria que merecen desde el primer momento", según ha hecho saber en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
En lo que va de año, la Comunidad de Murcia ha acogido un total de 234 Menores Extranjeros No Acompañados en los centros de protección, y el 84,5 por ciento de los mismos procedía de Argelia, según Arroyo. Además, la Comunidad ha tenido que multiplicar por cuatro el número de plazas de acogida en los dos últimos años "ante la llegada masiva de inmigrantes a la Región". En concreto, la Comunidad disponía de 48 plazas en 2017 y la cifra se ha incrementado a las 197 actuales.
La portavoz del Ejecutivo murciano ha hecho estas declaraciones tras el Consejo de Gobierno, que en su reunión de este miércoles ha abordado precisamente la acogida humanitaria y la protección que presta la Comunidad a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) que llegan a las costas del litoral murciano.
Ha reconocido que "estamos en los meses en lo que suele haber una llegada masiva de inmigrantes", por lo que el Gobierno regional sigue trabajando con las ONG's que se ocupan de la infancia en la Región, con el fin de "tener posibilidad de poder activar la creación de plazas de emergencia y acogida".
En caso de necesidad, Arroyo ha señalado que existe un protocolo de creación de plazas de emergencia para menores en situación de desamparo. "No son nuevas plazas pero se adaptan con las ONG's para poder atender adecuadamente a estos menores", ha precisado. Además, la Comunidad puede recurrir a otros albergues de ONG's "si hiciera falta", y los lugares se acreditarían como centros de protección de menores en menos de 24 horas.
"LA REGIÓN RECIBE CERO EUROS"
Por tanto, ha garantizado que "ningún menor queda desatendido en la Región de Murcia". Todo ello, "con el coste y los problemas de financiación que sigue arrastrando la Región", tal y como ha lamentado la portavoz del Ejecutivo.
Actualmente, ha recordado que el Ejecutivo murciano destina 3,3 millones de euros para "acoger y dar protección a los menores extranjeros". En cambio, la Comunidad recibe del Estado "cero euros" para esta labor.
En concreto, Arroyo ha puntualizado que a la Comunidad le cuesta una media de 80 euros por día atender a cada uno de estos menores en sus centros "de forma apropiada y como se merecen".
En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España tiene un plan para ayudar a las comunidades autónomas que, a partir de ahora, sean solidarias y ofrezcan recursos para atender a estos menores. Este plan contempla repartir 40 millones de euros para poder financiar esa protección a menores extranjeros.
Sin embargo, ha lamentado que comunidades como la de Murcia, que lleva a cabo esta acogida desde el pasado año, atendiendo la llegada masiva de inmigrantes, recibirán "cero euros" para ello y el Gobierno central no tiene en sus planes "financiar esas plazas".
En concreto, ha lamentado el Plan pone 40 millones de euros a disposición de las comunidades que "no tienen este problema" y que, por tanto, actualmente "tienen más recursos para ofrecer esa protección". Sin embargo, el proyecto no contempla "atender a las autonomías que, a día de hoy, prestan ese servicio".
La Consejería de Política Social e Igualdad de Oportunidades está analizando toda la información facilitada por parte del Ministerio, pero "lo que nos preocupa es que lleguemos a tiempo de que no se cometa una nueva injusticia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con la Región de Murcia", tal y como ha subrayado Arroyo.
"Las comunidades que, a día de hoy, estamos haciendo los deberes y estamos respondiendo de una forma apropiada, sin que haya ninguna incidencia y no haya desamparo, no cuentan para el Gobierno de España; sin embargo, aquellas comunidades que, a partir de ahora, resuelvan el problema de España, sí cuentan para el Ejecutivo central", según Arroyo.
En su opinión, es un "nuevo maltrato" que "no contempla la labor que está haciendo el Gobierno murciano desde hace años y que "cuesta a las arcas regionales 3,3 millones de euros". Todo ello, a pesar de que el presupuesto inicial previsto era de 1,3 millones de euros, lo que refleja que la Comunidad ha tenido que incrementar esa partida "permanentemente" para poder atender a esos menores.
El objetivo de esta partida es "poder concertar las 300 plazas que siempre están previstas y establecidas", según Arroyo, quien se pregunta "cuál es el argumento" empleado por el Gobierno de España para excluir a comunidades como la de Murcia del reparto.
"Entendemos que el Gobierno central tiene un problema y quiere que se lo resuelvan ciertas comunidades que no tienen este problema directo, pero no tiene en cuenta el problema que tienen otras autonomías que padecen ese problema desde hace dos años", según Arroyo, quien cree que esto responde a "un maltrato y una deslealtad del Gobierno central".
La Región de Murcia sí tiene este problema "directo" porque estos menores "llegan a las costas de la Comunidad a través de las pateras o también están de paso, porque a menudo pasan por los centros de acogida y protección". En concreto, ha precisado que el 60 por ciento de esos menores solo están de paso y, enseguida, buscan familiares en el resto del país. El resto, quedan bajo la tutela de la Comunidad.
Arroyo ve "positivo" que el Gobierno central quiera "aliviar cargas" y favorecer esa "dispersión", pero no entiende "por qué a unas comunidades se les financia esa prestación y a otras no". A su juicio, "no hay equidad y no es un trato justo".
