Insisten en que la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas supondrá destruir empleo público y aumentar cantidad de desempleados
MURCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las delegaciones de CCOO y UGT han rechazado esta tarde, durante la reunión de la Mesa General de la Función Pública Regional, el documento presentado por el Gobierno regional la pasada semana.
Y es que, explican en nota de prensa, "en este documento, destacan las propuestas de continuidad de los recortes establecidos en la Ley 1/2011 (Tijeretazo bis), que ya fueron rechazados por ambas organizaciones sindicales durante el proceso de negociación del año pasado y que ya tuvieron entonces el apoyo del sindicalismo corporativo".
El documento incorpora, además, una propuesta de aumento de la jornada de trabajo semanal con el objetivo confesado y explícito de obtener un ahorro económico de 110 millones de euros sobre la base de disminuir la plantilla de empleados públicos que atiende ahora a la prestación de los servicios públicos en la Región.
Destacan que la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas "no está amparada legalmente ni por la Ley de Presupuestos, que disponía que en caso de desacuerdo se mantendrían las 36,5 horas de la Ley de Medidas Extraordinarias, ni por el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes aprobado por el Gobierno de España el pasado 30 de diciembre, ya que sólo es aplicable de forma directa al ámbito de la Administración del Estado".
Este aumento de la jornada de trabajo semanal supondrá, de llevarse a cabo, "destruir empleo público, aumentar la escandalosa cantidad de desempleados en nuestra región y deteriorar gravemente la calidad de los servicios públicos", apostillan los sindicatos.
El resto de propuestas gubernamentales recogidas en el documento rechazado son enunciados generales no acompañados de propuestas concretas, lo que hace imposible, a su juicio, poder pronunciarse sobre ellos.
PERSEGUIR EL "RAMPANTE" FRAUDE FISCAL
CCOO y UGT dicen que el Gobierno regional equivoca el camino al insistir en la vía de las políticas de ajuste y en la intención de cargar el peso y la responsabilidad de la crisis sobre los empleados públicos.
Según los sindicatos, "mejor haría el Gobierno, para afrontar la delicada situación de la economía regional, en procurar nuevas fuentes de ingresos, garantizar la recaudación fiscal y perseguir el rampante fraude social y laboral que supone la economía sumergida".
Y en el concreto ámbito de la administración regional, concluyen, "revertir las privatizaciones, que resultan ruinosas y antieconómicas, proscribir el ingente número de horas extraordinarias que en la actualidad se realizan y suprimir las asistencias técnicas".