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PARA INCIDIR DESENVOLVIMIENTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS

El CES destaca la "gran potencialidad" del Anteproyecto de Ley de la actividad física y el deporte regional

Deporte náutico
Foto: EUROPA PRESS
Publicado 02/02/2014 10:59:54CET

Aunque considera que la realización de esta regulación merece un "más amplio y extenso proceso de deliberación y participación social"

   MURCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) destaca la "gran potencialidad" del Anteproyecto de Ley de la actividad física y el deporte regional "para incidir en sentido positivo y proactivo sobre el desenvolvimiento de actividades económicas", ya sea "de forma directa a través del impulso al desarrollo del sector de actividades, servicios e instalaciones deportivas" o "en forma de elemento dinamizador de otros servicios relacionados, como son el turismo o los servicios de salud y bienestar personal", que, a veces, "también pueden tener un feedback reforzador de la actividad turística".

   Todo ello, indica el CES en un informe al que ha tenido acceso Europa Press, "con las consiguientes oportunidades de generación de empleo y actividades emprendedoras".

   Sin embargo, añade, "no pude desconocerse que la regulación normativa e integral de un sector con repercusiones tan amplias e implicaciones transversales en las políticas públicas y en las atribuciones competenciales de las diferentes estructuras administrativas y sus correspondientes ámbitos de actuación puede producir consecuencias y efectos distorsionados sobre la actuación de los agentes públicos y privados".

   Así, en lugar de favorecer el desarrollo de actividades económicas y empleo al tiempo que se implementa la garantía de los derechos e intereses de los destinatarios y agentes concernientes, "se produzca el efecto contrario".

   Por ello, el Consejo Económico y Social considera que la aprobación y puesta en vigor de una regulación integral como ésta "merecería la realización de un más amplio y extenso proceso de deliberación y participación social".

   De hecho, opina que hubiera sido conveniente que el Anteproyecto hubiera sido objeto de análisis e informe por parte del Consejo Asesor Regional de Formación Profesional, "dada la repercusión que algunas disposiciones del mismo tienen sobre el sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación".

   También destaca una discordancia entre la relevancia que tanto la memoria justificativa y el informe sobre los aspectos más significativos de la nueva regulación de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte como la propia exposición de motivos del Anteproyecto de Ley conceden a determinados aspectos más o menos novedosos del mismo "que contrasta con las disposiciones en que los mismos se incorporan y que carece de la suficiente concreción que les confiera eficacia realmente reguladora", por ejemplo, a la inclusión de la actividad física en su denominación y ámbito regulador.

   A pesar de ello celebra la relevancia que el Anteproyecto de Ley otorga a la necesidad de dotar de la máxima seguridad jurídica a la intervención administrativa la ordenación de las actividades deportivas.

EVITAR DUPLICIDADES "E INEFICIENCIAS"

   Atendiendo al ámbito procedimental, el CES dice que debe valorarse la supresión generalizada del sistema de autorizaciones previas  específicamente deportivas como requisito para la construcción o apertura de instalaciones deportivas previas en la regulación vigente complementada con la sustitución de la obligación de aportación de documentación por los interesados por la de presentación de declaraciones responsables en diversos ámbitos.

   En opinión, del Consejo la regulación contenida sobre la actividad física en el ámbito escolar establecida en el Anteproyecto de Ley de la actividad física y el deporte, demanda una revisión de las disposiciones relacionadas para evitar "duplicidades e ineficiencias" en la planificación de la actividad física en el ámbito escolar y dificultades e inseguridad respecto al profesorado encargado de la coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo.

   Asimismo, a su juicio, el Anteproyecto contiene un conjunto de disposiciones de marcado contenido reglamentario. Esta conversión, según el CES, implica el establecimiento de una dificultad innecesaria en orden a su adaptación a los cambios que serán necesarios como consecuencia de la introducción de modificaciones normativas en sectores relacionados con las mismas y la probable necesidad de adaptación a la propia experiencia derivada de su aplicación en la realidad.

   Considera además que algunas de las materias reguladas en el Anteproyecto de Ley mediante disposiciones que remiten su desarrollo al ámbito reglamentario no llegan a determinar los mínimos elementos esenciales que justifican su incorporación como elementos del sistema y que fundamentan que se les confiera rango legal.

   Como ejemplo de esa carencia de elementos esenciales que debería incorporar la regulación legal cita el Consejo Asesor Regional de la Actividad Física y el Deporte y la composición del Comité de Justicia Deportiva de la Región de Murcia.

   Asimismo, a juicio del Consejo Económico y Social, el mantenimiento de la división en tres grados de las sanciones económicas en los ámbitos sancionador administrativo y de la disciplina deportiva "carece de justificación".

   Por último, considera más conveniente que el Anteproyecto recuperara la vigente regulación sobre el Plan Regional de Instalaciones Deportivas, con un plazo expreso para su elaboración y aprobación así como con la incorporación de las mejoras que se consideren oportunas.

   Al tiempo que critica la posibilidad prevista de que en la imposición de las medidas de control especial sobre el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a las federaciones deportivas, pueda prescindirse de la audiencia de la federación deportiva afectada "cuando tal trámite origine un retraso tal que comprometa gravemente la efectividad de la medida adoptada, los derechos de los federados o los intereses afectados". En opinión de este organismo, esta regulación conlleva una "absoluta indefensión" para los afectados.

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