CARTAGENA (MURCIA), 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras ha concluido que esta infraestructura se configuró para presuntamente incumplir la Ley de Aguas y de Contratos Públicos.
Los grupos parlamentarios han aprobado el dictamen de la comisión con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Podemos y el voto en contra del PP.
Ahora deberán remitir el mismo al Pleno, que será el que apruebe en última instancia el dictamen y en caso de que esto sea así, se trasladaría la documentación recogida durante la comisión y las comparecencias a la Fiscalía, Tribunal de Cuentas y al Consejo de Gobierno.
El PP ha negado que se haya incumplido la Ley de Aguas ni la de Contratos Públicos con la desaladora de Escombreras. Su diputado Juan Luis Pedreño ha dicho que la construcción de dicha infraestructura "está dentro del ámbito privado y tiene todos los avales de los despachos privados; no puede incumplir ninguna ley de las que dice la oposición".
Tampoco consideran pertinente desde el PP remitir el informe de la comisión a la Fiscalía y al Consejo de Gobierno. "Eso es hacer ruido, no aporta absolutamente nada porque es algo que a día de hoy ya está", ha puntualizado.
A juicio del 'popular', las conclusiones de la comisión son "valoraciones subjetivas", por lo que las califica de acusaciones "muy graves. Defendemos que es un proyecto empresarial y estamos convencidos de que no es agresivo para los intereses de la Región. Es un proyecto fundamental, no rentable, porque es una infraestructura necesaria".
Por su parte, el presidente de la comisión, Miguel Sánchez, se ha mostrado "orgulloso y satisfecho" del trabajo que se ha realizado durante los meses de la comisión. Destaca entre las conclusiones de la comisión que se trata de una "trama urdida para recalificar el terreno y construir viviendas".
Según apunta, su construcción se desarrolla mediante "contratos leoninos, los juristas han reconocido que ellos no hubiesen recomendado la firma de los contratos".
Desde Podemos, Antonio Urbina ha añadido que la construcción de la desaladora "está vinculada a la demanda de agua de la Región con el pelotazo urbanístico". "Es muy gravoso para las arcas de la Comunidad" e incide en que "podría haber una condena para que sus responsables respondan con su patrimonio".
El socialista Jesús Navarro ha apuntado como responsables políticos al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel y al exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, así como a los miembros del Consejo de Gobierno que tomaron parte de las decisiones.
Lamenta que si el caso llega a los tribunales "muchas responsabilidades penales habrán preescrito porque ya han pasado muchos años, hablamos del 2005 y 2006", ha dicho pidiendo que exista un "juzgado especial cuando sean temas de corrupción".
