MURCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Cultura y portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, ha asegurado que el Ejecutivo murciano "no tiene conocimiento de la existencia del informe" en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil propone al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que instruye el 'caso Púnica', que cite a declarar en calidad de investigados --nueva denominación del imputado-- al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y a la senadora del PP por Murcia, Pilar Barreiro, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración,
Según Arroyo, "hay documentos oficiales que han certificado que nunca hubo ninguna relación y de ningún tipo con estas empresas" dedicadas a mejorar su imagen en las redes sociales.
Por esta razón, sostiene, "absoluta tranquilidad", tras lo que ha insistido en que "así se certificó con documentación para que constara en la investigación".
En cualquier caso, ha advertido que "si hay que facilitar algún dato más para que todo se aclare, así se hará", aunque considera que se trata de una información que, "según se ha contado, además, procesalmente no es posible. Nunca la Guardia Civil ni la Policía es quien recomienda o no una imputación".
Por tanto, "absoluta tranquilidad y confianza en que todo se aclare en cuanto antes", ha concluido.
LA TRAMA 'PUNICA' EN LA REGIÓN
La trama de corrupción 'Púnica' se ha cobrado, hasta el momento, las dimisiones del exconsejero Juan Carlos Ruiz; y las exdirectoras del Instituto de Fomento de Murcia, Reyes Samper, y del Instituto de Turismo, Mariola Martínez; además del exconcejal del PP en Cartagena y exjefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, José Fidel Saura.
Juan Carlos Ruiz, que dimitió tras su imputación, fue interrogado por el magistrado y las fiscales Anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García por la adjudicación de, al menos, un contrato que el Instituto de Turismo de la Región realizó con las empresas del presunto 'conseguidor' de la trama Alejandro de Pedro y su socio, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE).
Precisamente, el juez de la Audiencia Nacional reprochó a Alonso haber accedido a recoger un sobre con 3.000 euros que supuestamente el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria enviaba al 'conseguidor' de la red Alejandro de Pedro.
En el marco de esta operación de corrupción se efectuaron también dos detenciones en Murcia, la del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE); y la del exsecretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia Jesús Norberto Galindo.
