La Comunidad destinará 36.000 euros para financiar alquileres a familias en riesgo de exclusión social

Imagen de la firma del acuerdo
EUROPA PRESS
Publicado 19/02/2014 14:41:24CET

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio firma un convenio con Cáritas, entidad que realizará la tutela de las ayudas

MURCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, y el director de Cáritas, José Luis Leante, han firmado este miércoles un convenio de colaboración cuyo objeto es financiar el pago del alquiler de viviendas arrendadas a familias en riesgo de exclusión social o situación especial de vulnerabilidad, que cuenta con una dotación de 36.000 euros.

En una rueda de prensa, Sevilla ha explicado que el acuerdo establece dos tipos de ayudas, una de carácter ordinario, que tendrá un máximo de 250 euros mensuales durante 12 meses, y otra extraordinaria, para cuando se den situaciones excepcionales, por un importe máximo de 750 euros. En total, se podrán beneficiar de estas ayudas hasta 20 familias, aunque ha señalado que la cifra podrá oscilar en función de las dificultades que presenta cada caso.

"Lo relevante es el proceso de acompañamiento a la persona receptora o unidad familiar que realizará Cáritas, una organización con experiencia y trayectoria, que va unido a la concesión de la ayuda", destacó el consejero.

Entre las prioridades de la política de vivienda desarrollada por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio se encuentra facilitar el acceso a la vivienda de familias desfavorecidas como medio de integración y normalización social. Sevilla señaló que "motivar que personas que están pasando por graves dificultades económicas mantengan sus viviendas es un factor fundamental para la integración social, y evitar así su exclusión por este motivo".

Las ayudas que se establecen en el acuerdo se concederán por un plazo de 12 meses, siempre que se mantengan las condiciones existentes en el momento en el que se otorgaron, que, entre otras, se centran en que los ingresos de la unidad familiar y de las personas que vayan a tener su domicilio habitual en la vivienda arrendada, en conjunto, no superen el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, unos 530 euros. En segundo lugar, que se encuentren en un supuesto de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Leante ha recordado que el perfil de la población en situación de exclusión social ha cambiado desde 2007, y se ha ampliado a gente que anteriormente no estaba tipificada como tal como consecuencia del paro, el fin de los subsidios y de los "colchones" familiares. Por tanto, advierte que se dan casos en los que "hay que pagar agua, ropa, alimentos o medicinas y libros" y estas ayudas contribuirán a "paliar" la situación de muchas familias y evitar que se vean "en la calle".

PROTEGER A FAMILIAS VULNERABLES

El consejero destacó la importancia de destinar una parte de la acción y de los recursos públicos de la Comunidad a facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas más desfavorecidas de la sociedad, "ya que el impacto de la vivienda en los procesos de cohesión social es enorme".

Sevilla dijo que, "de una vivienda digna depende la consecución de las demás necesidades básicas del ser humano. Así, el convenio con Cáritas no es una acción aislada, sino que forma parte de la política de vivienda que el Gobierno regional lleva a cabo para proteger las situaciones de vulnerabilidad social".

Algunas de las acciones desarrolladas en esta materia son el mantenimiento óptimo del parque regional de viviendas públicas, las minoraciones de alquiler en este tipo de inmueble social -que permite una reducción de la renta mensual de hasta el 95 por ciento-, distintas actuaciones para la erradicación de la infravivienda y el chabolismo y la puesta en marcha del Servicio Regional de Orientación e Intermediación Hipotecaria.

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