MURCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad refuerza la protección de los consumidores de viajes y de las empresas del sector "a través de la apertura de una línea de investigación sobre posibles casos de economía irregular en el ámbito laboral de este sector, con el fin de incrementar el control sobre la práctica de actuaciones ilícitas", según aseguró el director general de Trabajo, Fernando Vélez.
El director general explicó que junto con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y la Dirección General de Consumo "se ha planificado una serie de actuaciones para acabar con esta irregularidad", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
Y es que, según Vélez, "este tipo de prácticas son indeseables, ya que vulneran los derechos de los trabajadores, y suponen una competencia desleal intolerable hacia los empresarios del sector de viajes que sí están cumpliendo con sus obligaciones legales", al tiempo que añadia que "en estos casos se suelen acumular más irregularidades, como faltas de seguros y medidas de seguridad, que también perjudican al consumidor".
Esta línea de trabajo se enmarca en el Plan regional contra la Economía Irregular, que forma parte de la Estrategia para la Creación de Empleo que desarrolla la Consejería de Presidencia y Empleo y que pretende mejorar la calidad en el trabajo y la protección de los derechos sociales y laborales.
VISITAS DE INSPECTORES
Tal y como solicitó la Administración regional, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya ha iniciado actuaciones para detectar casos en los que se pueda estar actuando en este sector de actividad sin cumplir la normativa laboral y de Seguridad Social.
"Los funcionarios ya han realizado visitas a los puntos de salida de los referidos viajes y a la toma de datos de todas las personas que en ese momento participan en la organización de los mismos. Posteriormente se determinará si se está incurriendo en ilegalidad y se procederá a iniciar los expedientes sancionadores y liquidadores correspondientes", explicó Vélez.
La sanción mínima en estos casos es de 3.126 euros, pero puede llegar hasta los 10.000 euros por cada afectado. A ello se han de añadir las liquidaciones de cuotas no abonadas más los recargos asociados.
Además, a estas se sumarían las multas contempladas por la legislación turística, que van desde 1.000 a 10.000 euros por ejercer actividades en este ámbito sin haber obtenido la clasificación correspondiente.
El Instituto de Turismo trabaja en la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente para este sector, especialmente en lo referente al intrusismo profesional y la competencia desleal. En este sentido, se ha colaborado activamente en estas actuaciones por tratarse la organización de viajes de una actividad netamente turística.
Según Vélez, "la Administración regional considera que podría tratarse de personas que se estén dedicando con habitualidad y como medio fundamental de vida a la organización de viajes y excursiones sin haber comunicado su alta en la Seguridad Social y sin, consiguientemente, realizar las cotizaciones correspondientes".
