MURCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora Regional de PAHs, tras tener conocimiento de que el TC ha suspendido la vigencia de los apartados 10 y 11 del artículo 1, y del apartado 2 del artículo 2 de la ley 10/2016 de Vivienda de la Región de Murcia, ve en la suspensión "un nuevo y flagrante abuso del poder por parte del Gobierno central que, en modo alguno, se justifica por los contenidos suspendidos, sino en su afán de sobre proteger a la banca de sus propios abusos".
"Los artículos suspendidos afectan exclusivamente al mecanismo de mediación extrajudicial que la ley establece, y que de ningún modo pueden ser considerados anticonstitucionales, ya que su aplicación es voluntaria por parte de los bancos", añaden desde la coordinadora.
El resto de la ley no suspendida continúa plenamente vigente, y entre otras destacan, la obligación de realojo por parte de las Administraciones Públicas en un plazo máximo de 3 meses; la obligación de ofrecer alquiler social establecida en la Disposición Transitoria Única de la ley; la obligación de la Comunidad de establecer convenios de colaboración con los ayuntamientos; las medidas con la pobreza energética; la obligación de la Administración de resolver en un plazo máximo de 3 meses las solicitudes de ayuda que reciba; y la obligación de la Consejería de Fomento de establecer todos los reglamentos y convenios necesarios para la plena aplicación de la ley no suspendida.
En consecuencia, desde la PAH exigen al Gobierno regional "que adopte todas las medidas necesarias para la correcta aplicación de toda la ley vigente, y a los ayuntamientos que igualmente desempeñen las competencias que la ley les otorga, exigiendo de la Comunidad los recursos necesarios a los que la ley obliga".
La PAH entiende "que la corrupción no consiste sólo en robar, sino también en no cumplir con la ley de manera consciente como ha venido haciendo hasta ahora el gobierno regional", por ello anuncia que
continuará "ejerciendo la presión y la movilización necesarias para que esta ley, inaplicada hasta ahora por la complicidad de los gobiernos central y autonómico".
