MURCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal mantiene penas que suman más de 150 años de cárcel para los cuatro acusados de haber matado, descuartizado y enterrado en cal viva en un huerto a Ingrid Visser y Ludewijk Severin, la pareja holandesa que desapareció en mayo de 2013 en Murcia, mientras que los abogados de la defensa mantienen la petición de absolución, después de no haber alcanzado un acuerdo de conformidad este miércoles.
De esta forma, las partes han mantenido su versión original en sus respectivos escritos de acusación y defensa, a pesar de haber negociado este miércoles 'in extremis' un acuerdo de conformidad que, finalmente, no ha prosperado debido, al parecer, a la negativa de algunos de los acusados, entre ellos Serafín de Alba, acusado por un delito de encubrimiento.
La ley por la que se regula este procedimiento contempla que en el momento en que uno de los inculpados no llegue a un acuerdo el juicio se celebraría, independientemente de que el resto de procesados hayan consensuado un pacto de conformidad que conlleva la consiguiente rebaja de las penas, en este caso por el delito de asesinato a homicidio.
No obstante, a la hora de aplicar las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, y una vez el magistrado-presidente del Jurado Popular redacte la sentencia, se tendría en cuenta quiénes se declinaron por un acuerdo, para hacerse efectiva dicha rebaja de las penas. Ello pasaría porque esos acusados reconocieran los hechos que se le imputan.
El juicio ha arrancado pasado el mediodía con la constitución del Jurado Popular, seis mujeres y cinco hombres (nueve miembros y dos suplentes), tras un procesoo de elección que se ha alargado durante más de cuatro horas
La secretaria judicial ha dado lectura a los escritos de calificación de la fiscal, Verónica Celdrán, la acusación particular (en nombre del hermano y la madre de la fallecida y las dos hijas del fallecido) y los letrados defensores de los cuatro acusados: los dos individuos de nacionalidad rumana, Ion Valentin y Constantin Stan; el presunto 'cerebro' del doble crimen, Juan Cuenca; y Sefarín de Alba, el propietario de los terrenos donde se hallaron semienterrados en cal viva a la pareja.
Para la fiscal y la acusación, los dos individuos rumanos y Cuenca son culpables de dos delitos de asesinato, por el que piden 50 años para cada uno, mientras que Serafín de Alba, propietario de la finca donde se encontraron los cuerpos, lo es de un delito de encubrimiento, por el que procede imponer tres años de cárcel. Solicitan indemnizaciones que oscilan desde los 50.000 a los 100.000 euros para los familiares de las víctimas.
Por su parte, Fidel Pérez, el letrado de Serafín de Alba, niega que los hechos sucedieran como relata la fiscal y las acusaciones y solicita la absolución.
Mientras que José María Caballero, que defiende a Cuenca, disconforme con la calificación jurídica, considera que "a lo sumo", los hechos serían constitutivos de un delito de encubrimiento, que llevaría una pena de seis meses de prisión.
Fermín Guerrero, el letrado de Ion, también niega los hechos y considera que los hechos responden a un delito de lesiones y otro de encubrimiento, con las eximentes de legítima defensa y miedo insuperable. Pide su absolución o, alternativamente, tres meses de prisión por cada delito.
Por último, Melecio Castaño, que defiende a Stan, también niega los hechos y considera que responden a un delito de encubrimiento, con la eximente, igualmente, de miedo insuperable y la comleta por embriaguez, solicitando su absolución o la pena de tres meses de prisión.
Los escritos de los letrados defensores han vuelto a hacer referencia a una persona, que recibe el nombre de 'Danko', al parecer de nacionalidad rusa y sobre el que la Justicia no ha dado con su paradero ni se sabe si su existencia es real u obedece a un plan ideado por los procesados. Aseguran que es el autor material de este doble crimen y señalan una posible relación del fallecido con la mafia rusa.
