El Fiscal pide 7 años de cárcel por vender droga en su bar de Puerto Lumbreras

Publicado 13/01/2018 9:29:43CET

MURCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide siete años de cárcel y 400 euros de multa para un individuo acusado de vender sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, en el bar que regentaba en Puerto Lumbreras (Murcia). El juicio comenzará el próximo jueves, a las 9.30 horas, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

El acusado tenía escondidas papelinas, principalmente de cocaína, en dicho establecimeinto y las vendía a los clientes que acudían al mismo, según el escrito de calificaciones del Fiscal.

Sobre las 21.50 horas del 23 de noviembre de 2013, un cliente del bar que se encontraba fumando en la puerta vio pasar a un vehículo de la GUardia Civil, entró rápidamente en el local y avisó al acusado para que escondiese la droga que estaba vendiendo esa noche.

Los agentes de la Guardia Civil que iban dentro del vehículo prestando servicio de seguridad ciudadana, pararon el coche, entraron en el bar y vieron al acusado dirigirse rápidamente hacia un cuarto que había junto a la barra tratando de esconder la sustancia estupefaciente que tenía esa noche, según relata el Fiscal.

Los agentes, al ver esto, le preguntaron qué hacía y, al no recibir una respuesta convincente y saberse que ya el 11 de mayo se había encontrado cocaína en ese establecimiento, decidieron inspeccionar el mismo.

En dicha inspección, los agentes encontraron tres botes de refresco con doble fondo mezclados con las demás latas que se servíanen el bar, dentro de los cuales el acusado escondía la droga que vendía. En una de ellas, los agentes intervinieron tres papelinas de cocaína que el acusado iba a destinar a la venta esa noche.

Efectuado un análisis de la sustancia intervenida, resultó ser dos dosis de cocaína con un peso total de 0,006 gramos y una pureza del 39 por ciento, y otra dosis con un peso de 0,62 gramos y una pureza del 51,41 por ciento, teniendo un precio total en el mercado de 51,02 euros.

El Fiscal estima que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por el que procede imponer al acusado la pena de siete años de prisión y una multa de 400 euros.