LOS ALCÁZARES (MURCIA), 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de San Javier ha llamado a declarar como investigados a todos los miembros del Equipo de Gobierno municipal de Los Alcázares, del PP, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Los Alcázares, Chema Gil, remarca que el titular del Juzgado ha aceptado todos los hechos imputados en la querella presentada por el PSOE contra la Junta de Gobierno del PP por las obras realizadas en el Pantalán de la Pescadería, situado en este municipio.
En concreto, ha recordado que el PSOE presentó una querella denunciando que el Ayuntamiento adjudicó dicha obra mediante un "proceso de contratación negociada sin publicidad", lo que para el Juez "constituye el primer indicio de una posible actuación delictiva".
Además, el auto destaca "la escasa diferencia del precio de cada una de las tres ofertas así como la vinculación entre las tres mercantiles", que llevan al Juez a "decidir que debe ser investigado todo el procedimiento", según destaca Gil.
Según el PSOE, el Juez declara que existen hechos racionales suficientes como para declarar investigados, figura que hasta diciembre se conocía como imputado, tanto al alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, como al resto de miembros de la Junta de Gobierno, y que todos sean llamados a declarar los próximos días 16 y 17 de marzo.
Además el Juzgado, en un auto "muy duro" que fue hecho público este jueves, amplía las imputaciones a la hija del alcalde de Los Alcázares y a los empresarios titulares de las mercantiles que concursaron en el proyecto de la obra del pantalán de La Pescadería, según añade Gil.
De la misma manera, el juez impone una medida inmediata a los representantes del Ayuntamiento de Los Alcázares para que, en el plazo máximo de 10 días, "entreguen todos los expedientes relacionados con este asunto, bajo el apercibimiento de que, en caso de no producirse dicha entrega, serán acusados de delito de desobediencia", añade.
Gil ha valorado la inmediatez con la que se ha dictado el auto ante la gravedad de los hechos y considera que, desde este momento, la Junta Local de Gobierno "debería abstenerse de participar en otros procesos similares al denunciado, en el que queda de manifiesto que no se ha actuado con la corrección debida y añade que sería el momento de plantearse la dimisión de sus cargos".
Igualmente el Portavoz socialista ha lamentado que "esta forma de actuar del Partido Popular "ha de terminar ya" porque "no sólo estamos viendo que se imputa a equipos de gobierno completos en Valencia, ahora en Los Alcázares y en otros lugares, sino que toda esta conducta ofrece una sensación de impunidad con la que han operado".
A su parecer, lo que se ha iniciado es "un procedimiento penal que puede tener graves consecuencias y el Juzgado está iniciando todas las acciones con la debida diligencia para que se investigue en un tiempo razonable", según Gil, quien ha pedido la "dimisión inmediata" del alcalde.
Por otra parte, el Juzgado insta a los Concejales del Partido Socialista a que se conformen como querellantes mediante la declaración de acusación popular al no ser perjudicados directos por los hechos que se imputan.
No obstante, el PSOE destaca que el magistrado "admite el contenido de la querella y con él inicia las acciones penales en función de los hechos denunciados, al ser los mismos graves y existir indicios racionales de delitos cometidos por la Junta de Gobierno del PP".
EL EQUIPO DE GOBIERNO DEFIENDE LA LEGALIDAD
Por su parte, fuentes próximas al Equipo de Gobierno municipal han admitido que el Juzgado tenga que citar a las partes que están implicadas cuando no tiene las cosas "claras", pero los miembros de la Junta están "muy tranquilos" porque se han hecho las cosas "correctamente" y todos los trámites "se han seguido con estricta rigurosidad".
De hecho, las mismas fuentes defienden que los trámites han contado siempre con los informes preceptivos tanto de la secretaría general del Ayuntamiento como de la intervención, por lo que "no se ha hecho absolutamente nada que vaya en contra de la legalidad, y siempre ajustándonos a la Ley de contratos".
En este sentido, aclaran que el Equipo de Gobierno no tiene comunicación ni constancia oficial del auto del juez, y que desconocía que la hija del alcalde estuviera trabajando para una empresa relacionada.
