Investigadores de la UPCT alertan de que Cartagena solo cumple el 51% de las directrices para una pesca responsable

El investigador Simón Hernández Aguado en el Puerto de Cartagena
UPCT
Publicado 25/06/2015 9:45:48CET

CARTAGENA (MURCIA), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cartagena solo cumple el 51 por ciento de las directrices del código de conducta para una pesca responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), según una de las conclusiones a las que han llegado investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en un trabajo en el que han estudiado la dimensión ética de la pesca y cuyas conclusiones han presentado en el XXIII Congreso de la European Business Ethic Network (EBEN), en Sevilla.

En el trabajo, los investigadores de la Facultad de Ciencias de la Empresa María Eugenia Sánchez, Ignacio Segado y Simón Hernández alertan de que España solo cumple el 41 por ciento de las directrices para una pesca sostenible y Cartagena, el 51 por ciento; ambas deberían llegar al 70 por ciento para realizar una actividad responsable.

Según los expertos, los datos de la FAO en materia de pesca revelan que el 60 por ciento de los países del mundo, entre los que se encuentra España, practican una pesca irresponsable, lo que genera unas pérdidas de 50.000 millones de dólares al año y afecta a 200 millones de personas que se dedican a esta actividad de forma directa, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

"También hemos detectado que hay un 30 por ciento de sobreexplotación de los recursos, que el 25 por ciento de las especies están colapsadas y el otro 30 por ciento están explotadas totalmente", asegura el doctorando Simón Hernández.

Para resolver estos problemas, ellos proponen acabar con el modelo de gestión centralizado implantado de forma mayoritaria en la pesca mundial, que es jerárquico y no se adapta a las demandas actuales del sector, con el fin de dar más voz a los propios pescadores. "Hasta ahora las administraciones son las que toman las decisiones, se han olvidado de la ética y para ello necesitamos una política de justicia ambiental y social", expone el investigador.

Asimismo, también creen conveniente que se implanten modelos de cogestión adaptativa en los que participen los propios agentes del sector recabando propuestas e implementándolas.