MURCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a 20 personas en el marco de una operación contra la inmigración ilegal de Torre Pacheco, los seis principales integrantes de la organización y otras 14 personas por usurpación del estado civil.
Igualmente, los agentes realizaron seis entradas y registro en los municipios de Torre Pacheco (5) y Fuente Álamo (1) donde se intervinieron 7.275 euros en efectivo, un vehículo, cogollos de opio seco, varios teléfonos móviles y diversos pasaportes, 15 de nacionalidad india y uno de nacionalidad portuguesa.
La organización criminal desmantelada trasladaba a los inmigrantes, de manera ilegal, desde Serbia hasta España, donde trabajaban en labores agrícolas usurpando la identidad de otros compatriotas quienes cobraban parte de su sueldo.
Entre los detenidos se encuentran los seis líderes de la organización criminal, responsables de las cuadrillas de reparación y construcción de invernaderos en las que trabajaban los extranjeros ilegales, siendo contratados por otras empresas a tal fin.
La organización contaba con la connivencia de otros ciudadanos de origen indio que permitían a la organización utilizar su documentación para darles de alta en la Seguridad Social, recibiendo parte del salario correspondiente a los trabajadores.
La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una red dedicada a introducir ilegalmente a ciudadanos indios desde Serbia y con destino España.
Tras las primeras pesquisas, y con información procedente de la colaboración con Europol, los agentes identificaron a varios súbditos indios asentados en la Región de Murcia y dedicados al tráfico de personas.
Desde San Javier se trasladaban hasta Serbia en vehículos de alquiler y, una vez allí, recogían a inmigrantes de origen indio que no cumplían con los requisitos necesarios para viajar a España, ocultándolos entre el equipaje para evitar ser detectados en los controles fronterizos.
Durante el trayecto, los investigados portaban documentación de compatriotas que se encontraban en situación legal en España por si fuera necesario hacerse pasar por ellos ante cualquier incidencia, siendo esto aceptado por los titulares de dicha documentación.
Los agentes constataron que los principales investigados habían realizado varios viajes a Serbia, utilizando siempre vehículos de alquiler, y que eran los responsables de cuadrillas de trabajo compuestas por ciudadanos indios dedicadas a la construcción/reparación de invernaderos.
'MODUS OPERANDI'
Los investigados tenían un alto conocimiento de los diferentes procedimientos administrativos que deben realizar los ciudadanos extranjeros para legalizar su situación una vez en España, lo que realizaban de forma fraudulenta a cambio de una contraprestación económica.
La organización criminal comenzaba facilitando el empadronamiento de aquellas personas que habían trasladado desde Serbia y que, por tanto, se encontraban en Murcia de manera ilegal.
Para ello, contaban con partícipes que facilitaban sus domicilios para dicho trámite a cambio de una remuneración económica. Se comprobó que la mayoría de los empadronamientos eran fraudulentos, ya que los hindúes irregulares controlados por la organización no vivían en los domicilios en los que figuraban empadronados sino en otros.
Una vez empadronados, la red les facilitaba un trabajo consistente en la construcción/reparación de invernaderos. Sin embargo, dicha actividad la realizaban usurpando la identidad de otros compatriotas con residencia legal en España y que, previamente y con su consentimiento, habían sido dados de alta en la Seguridad Social por la organización.
Estas personas que cedían su documentación para este fin se beneficiaban de los derechos inherentes al sistema de la Seguridad Social español sin ser los que realmente trabajan en la citada actividad. Incluso alguno de ellos sin residir en España, ya que se detectó que vivían en otros países de la Unión Europea como Francia y Alemania.
Además, cobraban parte de los emolumentos que deberían cobrar los compatriotas ilegales que realmente realizaban el trabajo, ya que quienes disponían de la capacidad para distribuir los salarios recibidos por las empresas contratantes eran los líderes de la organización.
Los inmigrantes ilegales sufrían condiciones laborales de abuso cobrando un salario inferior al que realmente le correspondía. En esta situación debían aguantar durante tres años para poder pedir su regularización a través de la opción de arraigo social con el auxilio de la organización criminal quienes, en este caso, les facilitaban un contrato de trabajo necesario para tal solicitud.
De esta forma, la organización criminal disponía de nuevos partícipes dispuestos a facilitar su documentación para que otros inmigrantes ilegales desarrollasen un trabajo con una identidad falsa, mientras ellos cobraban parte del sueldo correspondiente a los verdaderos trabajadores y disfrutaban de los derechos inherentes al sistema de la Seguridad Social español.
