CARTAGENA (MURCIA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Ni el proyecto de ley de Mediación Familiar ni el reglamento de desarrollo de la Ley de Renta Básica se aprobarán en la Asamblea Regional en esta legislatura. El Grupo Parlamentario Popular ha confirmado esta mañana tras la Comisión de Sanidad y Política Social que no se aprobarán ambas propuestas, "pero después de esta legislatura viene otra en la que podrán ser aprobados", ha puntualizado la popular Violante Tomás.
Tomás ha realizado estas declaraciones tras la comisión en la que su grupo parlamentario ha rechazado todas las mociones presentadas por la oposición. Entre las propuestas del PSOE destacaba la puesta en marcha de un proyecto de ley de Mediación Familiar, aunque ha sido rechazada con el argumento de que el Gobierno "ya tiene un borrador del proyecto y está implementando un proceso de participación ciudadana".
Según los plazos facilitados por la diputada del PP, Violante Tomás, se ha pasado una encuesta a los ciudadanos y del 23 al 27 de marzo se debatirán las propuestas para "enriquecer el texto". Será a partir de abril cuando se inicie el proceso parlamentario, aunque debido al parón legislativo hasta que se celebren los comicios autonómicos, no se podrá aprobar el proyecto de ley.
"El 30 de marzo acaba esta legislatura, pero en junio empieza la siguiente y podría aprobarse en esa", ha dicho Tomás.
Los socialistas no han acogido muy bien esta noticia y han expuesto que la petición de la elaboración de un proyecto de mediación familiar la registraron en la Asamblea en el año 2012, "y la debatimos en marzo de 2015". Además, la socialista Teresa Rosique ha recordado que el Gobierno regional se comprometió en los años 2006 y 2008 a presentar una ley de mediación "y siete años después seguimos esperando".
Lo mismo ocurrirá con el reglamento de desarrollo de la Ley de Renta Básica. El portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha defendido una moción en la que pedía al Gobierno regional que apruebe un reglamento que pueda desarrollar la ley. "El PP nos ha venido con la chorrada de que se trabajará en ello, pero es algo urgente, ya que obligaría a una provisión de recursos presupuestarios para atender las necesidades de la gente", ha añadido el parlamentario.
Sin embargo, por parte del Grupo Parlamentario Popular, María Dolores Soler, ha advertido de que dicho reglamento "es necesario, pero no es la única herramienta de protección social". La popular ha asegurado que "en unos días estará terminado" y comenzará su tramitación, pero ha negado que se vaya a aprobar antes del final de la legislatura y ha apuntado que "es bueno, pero no tan necesario y todo tiene espíritu de continuidad".
Por otro lado, en la Comisión de Sanidad y Política Social, también se ha debatido una moción socialista para pedir la reapertura de la residencia de mayores de Fuente Cubas, en Cartagena. Las instalaciones llevan cerradas desde el año 2010, fecha en la que concluyeron las obras de remodelación del edificio. Los socialistas han criticado que la remodelación haya costado 7 millones de euros y que sea una empresa privada la que vaya a gestionarla.
"El contrato que van a firmar es de 13,9 millones de euros y se han fijado 6,4 millones para los cuatro primeros años. No entendemos por qué se quiere privatizar una residencia pública", ha inquirido la socialista Teresa Rosique.
La residencia generará 120 plazas y 40 de centro de día y el precio por plaza sale a 1.300 euros al mes, de los cuales los usuarios solo deberán abonar 400. "Los usuarios ponen una parte, el IMAS pone otra y encima la gestión la lleva una empresa privada, no lo entendemos", ha criticado Rosique.
Desde el PP, la diputada María Dolores Gómez ha dicho que es indistinto que la gestión sea pública o privada, "el caso es dar un servicio de calidad".
