El PSOE pide un debate monográfico en la Asamblea ante la paralización de la Ley de Dependencia en la Región

Teresa Rosique
PSOE
Actualizado 23/04/2013 17:30:26 CET

Señala que Gobierno incumple legalidad perjudicando a dependientes, mientras "se vuelve legalista" cuando le toca beneficiarles

MURCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la celebración de un debate monográfico en la Asamblea, ante "la preocupante situación" de la Ley de Dependencia en la Región, que culmine con la aprobación de las resoluciones necesarias "para garantizar el acceso de las personas en situación de dependencia de nuestra Comunidad Autónoma a las prestaciones a las que tienen derecho".

La responsable de Política Social, Teresa Rosique, ha señalado que la actuación del Gobierno regional en materia de dependencia es "tremendamente injusta, pues a los recortes hay que sumar que mientras el número de personas con prestaciones decrece, aumenta el número de dependientes con derecho a prestación que no la están recibiendo, al tiempo que se incumplen los plazos para abonar las ayudas que se deben".

La diputada ha indicado que estamos ante "un Gobierno que además de hacer recortes, incumple la Ley, al no pagar a los que tienen derecho y retrasar pagos; y además, en el ejercicio de cinismo más absoluto, argumenta que no puede pagar a nuevos dependientes para no incumplir la legalidad".

Dicho de otra manera, un Gobierno que incumple la Ley, castigando a los dependientes con derecho y se escuda que no puede pagar a quien también tiene derecho, para no incumplir la ley. "Está claro que para este Gobierno para perjudicar a los dependientes no hay problema con la legalidad y para beneficiarlos se vuelve legalista", ha añadido.

Desde su aprobación, más de 46.000 personas en la Región se han beneficiado de las prestaciones que esta Ley socialista les garantiza, a las que hay que sumar 7.000 cuidadoras en el entorno familiar que fueron dadas de alta en la Seguridad Social.

Sin embargo, la situación ha cambiado de manera alarmante desde la llegada al Gobierno de España del Partido Popular. Los recortes en financiación estatal, con la eliminación del nivel acordado, la disminución presupuestaria y la reducción de la cuantía del nivel mínimo, suponen una merma de ingresos para las CC.AA en esta materia de unos 600 millones de euros, en dos años.

La diputada ha denunciado que la aprobación del Real Decreto 20/2012 de 13 de julio supuso un "hachazo" a los derechos y prestaciones de la Ley de Dependencia. Es decir, ha argumentado, recorte de las prestaciones económicas, incremento del copago, incompatibilidad de prestaciones, suspensión, por treinta meses de las ayudas económicas en el entorno familiar, eliminación del derecho de los herederos a cobrar las ayudas no pagadas en caso de fallecimiento del dependiente, así como eliminación de la cobertura por parte de la administración del alta en la seguridad social del cuidador familiar, entre otras medidas.

El Gobierno regional, "aprovechando el margen que le da este Real Decreto e incluso, adelantándose al mismo con la Ley de recortes del 29 de junio de 2012, ha ido más allá que el propio Gobierno de España, aplicando recortes sobre recortes", ha declarado.

A la vez que ha asegurado que en estos momentos, "el problema es enorme, pues el Gobierno regional está negando las prestaciones a miles de ciudadanos que tienen reconocido ya el derecho a recibirlas". En concreto, a 1 de abril de 2013, 13.898 personas tenían reconocido el derecho a prestación y no la estaban recibiendo.

Los datos publicados por la Consejería a 1 de abril de 2013, reflejan que el número de personas que reciben prestaciones por Dependencia en la Región está en 28.606, "lo que supone 1.210 personas menos que a 1 de enero de este mismo año, a pesar de que 13.892 personas tienen derecho reconocido a prestación y no la están recibiendo, sin que ni siquiera haya tasa de reposición".

Aparte, ha explicado, otras 8.000 personas tienen ya grado reconocido, pero no accederán a las prestaciones hasta 2015, como es el caso de los dependientes moderados.

Por otro lado, ha informado Rosique, la Consejería de Sanidad y Política Social "está incumpliendo el plazo anual para pagar lo que debe a las personas en situación de dependencia que debe realizarse en el mes de marzo de cada año", de hecho, "son ya más de 9.000 los afectados por estos impagos y de ellos, a más de 7.000 se les adeuda dos plazos, 2012 y 2013".

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