El TSJ recibe las diligencia remitidas por el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional sobre fraude por autoridad o funcionario
MURCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha registrado las diligencias remitidas por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, conocidas como 'rama de Murcia del caso Púnica'.
En una diligencia de ordenación, la letrada de la Administración de Justicia, pone en conocimiento la recepción de la copia de las Diligencias Previas 85/2014 y la exposición razonada procedente del Juzgado Central de Instrucción 6 Audiencia Nacional, y ordena su registro e incoación.
La Sala, presidida por Miguel Pasqual del Riquelme, queda conformada por los magistrados Enrique Quiñonero y Julián Pérez-Templado. Este último queda, además, designado como ponente.
Cae recordar que el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntas irregularidades en Murcia en el marco de la trama Púnica, elevó el pasado 3 de abril la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) de la parte relativa al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, a quien le atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información.
En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 justificó su decisión de enviar la causa a Murcia en que el investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.
Con esta acción "lastimó los intereses de la Administración Pública que no debe correr con semejantes gastos particulares", según precisaba el magistrado, que añadía que en el momento de los hechos, Sánchez era consejero de Educación y concertó este acuerdo para lavar su imagen "dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública". En concreto habla de que el 70 por ciento de las informaciones sobre su persona en Internet "eran negativas".
Velasco explica que los trabajos reputacionales, presupuestados en 4.600 euros al mes durante siete meses con un coste total de 32.000 euros, son constitutivos de delito de fraude porque, aunque no se llegaron a cobrar, dado que días después estalló la trama Púnica, sí existió "acuerdo y concertación" afectando a los intereses de la Administración puesto que serían facturados bajo conceptos y con dinero público relacionado con partidas para "formación" de la Consejería de Educación.
En el concierto estaban implicados Alejandro De Pedro y su socio José Antonio Alonso Conesa, que iban a hacer "idénticos trabajos" de mejora de imagen a la entonces alcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP, Pilar Barreiro, aunque sin cargo alguno. "A Pilar se lo hacemos gratis", recoge la exposición razonada de 32 páginas.
