El Tribunal de Cuentas aprueba el informa anual de fiscalización de la Comunidad de 2013

Publicado 18/04/2016 11:45:00CET

Destaca "deficiencias" de control interno en áreas relacionadas con la planificación, programación presupuestaria y gestión contable

MURCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe anual de la Comunidad del ejercicio 2013, que recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración regional y las entidades que integraban su sector público durante ese año.

Especialmente, según explica el Tribunal, se han analizando la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad de dicho ejercicio; el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria; los mecanismos extraordinarios de financiación e instrumentos de lucha contra la morosidad; la contratación pública; la gestión de los gastos de personal; la actividad subvencionadora; el gasto sanitario; y el endeudamiento financiero.

Añade que la cuenta general de la Comunidad y las cuentas anuales individuales de sus entidades públicas, correspondientes al ejercicio 2013, se han rendido al Tribunal de Cuentas dentro del plazo previsto en el art. 108 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, "y se han adaptado, en términos generales, a los principios y normas contables contemplados en los planes de contabilidad que les son de aplicación, sin perjuicio de las observaciones y salvedades realizadas en el informe".

De esta forma, en la fiscalización se han detectado una serie de debilidades y deficiencias de control interno en áreas relacionadas con la planificación, la programación presupuestaria y la gestión contable, en la gestión patrimonial de bienes y derechos, así como en relación con la gestión de los gastos presupuestarios y de las cuentas deudoras y acreedoras, "que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económico-financiera de la Comunidad".

El Tribunal de Cuentas recuerda, en su escrito al que ha tenido acceso Europa Press, que la Comunidad incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria del 1,59 por ciento de su PIB regional, al haberse registrado un déficit del 3,05 por ciento del PIB regional en 2013.

De acuerdo con lo exigido en el artículo 24.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Administración regional formuló y presentó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en julio de 2013, un Plan económico-financiero, cuyas medidas fueron declaradas "idóneas" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 31 de julio de 2013.

No obstante, resalta, "dichas medidas no fueron suficientes para mantener el déficit de la Administración autonómica dentro de los objetivos establecidos para dicho año".

En cuanto al avance del proceso, iniciado en julio de 2010, de reordenación y reestructuración del Sector Público de la Comunidad, señala que a 31 de julio de 2015, de las 102 entidades existentes al principio del proceso, se habían producido 49 bajas netas, estando prevista la baja de otras 12 entidades.

E indica que las obligaciones reconocidas por gastos de personal, por parte de la Administración regional, experimentaron en 2013 un descenso interanual del 2,8 por ciento, debido, principalmente, a la aplicación de las medidas previstas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2013 y la Ley 4/2013, de 12 de junio, de Medidas Urgentes en materia de Gastos de Personal y Organización Administrativa.

ENDEUDAMIENTO CRECE UN 20%

El Tribunal de Cuentas destaca, asimismo, que el endeudamiento financiero se incrementó un 20 por ciento por el aumento del importe de los préstamos a largo plazo formalizados con la Administración estatal, como consecuencia de los mecanismos extraordinarios de financiación de pago a proveedores y Fondo de Liquidez Autonómica, situándose a fin del ejercicio en 5.426 millones de euros.

Además de que en diciembre de 2013 fue ejecutado el aval solidario por 200 millones de euros otorgado, en junio de 2012, a la sociedad concesionaria del Aeropuerto Internacional de Murcia, S.A., en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el préstamo sindicado formalizado para la financiación de la construcción de la infraestructura.

"Lo que ha supuesto, para la Comunidad, el desembolso de 182 millones de euros, cuya financiación se ha formalizado a través de dos operaciones de crédito con el banco agente del préstamo sindicado".

Respecto a la contratación pública, destaca la "deficiente" justificación sobre la necesidad de celebración de la mayoría de los contratos analizados, la "imprecisión" en los pliegos de cláusulas administrativas a la hora de baremar los diferentes criterios de adjudicación y la "deficiente" preparación administrativa.

Además de la falta de coordinación entre las Administraciones intervinientes en el inicio de los expedientes y en la preparación de los contratos, así como la no inclusión de la valoración del precio de las ofertas como determinante de la adjudicación de los contratos, en virtud del principio de economía en la gestión de los fondos públicos.

Las infraestructuras del Aeropuerto Internacional de Murcia, que terminaron en abril de 2012, se encontraban sin actividad a la fecha de finalización de esta fiscalización; "manteniéndose, por tanto, una serie de incertidumbres y de riesgos sobre su situación y evolución", entre las que el Tribunal destaca el resultado final de la liquidación del contrato de concesión para la construcción del Aeropuerto, "las posibles contingencias derivadas de las eventuales reclamaciones de la sociedad concesionaria, el nuevo modelo de explotación del aeropuerto y las negociaciones con el Ministerio de Fomento sobre el posible cierre del aeropuerto de San Javier".

Finalmente, hace mención a la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A., "que presentaba, en 2013, importantes desequilibrios patrimoniales y continuaba incursa en la causa de disolución prevista en el art. 363.1.c de la Ley de Sociedades de Capital sin que, a la finalización de la fiscalización, se hubiera alcanzado una salida viable a la situación de la planta desaladora".

Si bien durante 2014 y 2015 se ha producido un significativo incremento del volumen de ventas, "por la suscripción de nuevos contratos para suministro de agua, que supondrían alcanzar el 76 por ciento de la capacidad máxima de producción", el Tribunal hace hincapié en que "los compromisos financieros asumidos por las obligaciones contractuales derivadas del contrato de arrendamiento de la planta, correspondientes al periodo 2015-2034, ascendían, al 31 de diciembre del ejercicio 2013, a 445 millones de euros".

En cuanto a la gestión sanitaria, al igual que en el resto de Comunidades Autónomas, observa "una enorme rigidez del gasto", lo que representa "una preocupación para la sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios sanitarios". El déficit total acumulado del Servicio Murciano de Salud, al cierre del ejercicio 2013, ascendía a 1.077 millones de euros.

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