Publicado: jueves, 22 febrero 2018 14:02

Las asociaciones piden en la Asamblea que haya también una regulación de la actividad náutica

CARTAGENA (MURCIA), 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cumplimiento de normativas europeas sobre espacios protegidos ha sido una de las exigencias que asociaciones de vecinos y ANSE han lanzado al Gobierno regional durante su comparecencia en la comisión especial sobre el Mar Menor. En ese sentido, el portavoz de ANSE, Pedro García ha manifestado que es "muy urgente" la aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000, de la que "no se sabe nada".

Según ha dicho, coincidiendo con el presidente de la Asociación de Vecinos Ribera Sur del Mar Menor, Ángel Monedero y la representante de la Plataforma Ciudadana Pacto por el Mar Menor, Celia Martínez, la Comunidad "incumple directivas y normativas europeas" considerando que la aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 es "independiente" de los trabajos para redactar la ley integral del Mar Menor. "Esto tampoco quita a que se lleve a cabo la ley de Medidas Urgentes", ha advertido el portavoz de ANSE.

El presidente de los Vecinos Ribera Sur ha criticado la inexistencia de un plan de gestión del Mar Menor cuando "desde 2012 tenía que haber uno porque la directiva Hábitat así lo exige, llevamos 6 años de demora".

Los representantes de los cuatro organismos que han comparecido en el parlamento regional se han mostrado a favor de la elaboración de una ley de protección integral del Mar Menor. Desde ANSE consideran que en la misma se debería desarrollar también la moratoria urbanística del Mar Menor, "que tampoco se está desarrollando"

La Plataforma Ciudadana Pacto por el Mar Menor pide "soluciones integradas", que deberían ir en forma de ley integral, que "debería haberse empezado en 2016", así como el "cese total de vertidos y un modelo de desarrollo diferente, respetuoso con el entorno". Según ha manifestado, debería haber una "tutela efectiva en el campo y que los técnicos a pie de campo ayuden al agricultor a la aplicación de estas medidas".

Los comparecientes también han coincidido en que debe haber una regulación de la actividad náutica. "No hay que presionar más la laguna", han dicho pidiendo en algunos casos, como en el de ANSE, que esta regulación esté supeditada a un plan de ordenación del sector náutico en el Mar Menor. "Tampoco es conveniente que la Comunidad se ponga a hacer dragados generalizados, debería actuarse en el acceso a los puertos deportivos"., ha añadido García.

Desde ANSE también han solicitado actuaciones de recuperación ambiental en la zona de La Manga, que está sufriendo, según ha expuesto García, una pérdida de playas como consecuencia de la ocupación y la subida del nivel del Mar. "Las administraciones deberían marcarse como prioridad eliminar una parte de las construcciones de La Manga", ha señalado añadiendo que han hecho un estudio para eliminar unas 100 viviendas primeramente a fin de recuperar unos 12 kilómetros de costa, una actuación en la que habría cabida para recuperar obras que quedaron a medias como la de Puerto Mayor.

Ante la comisión también ha comparecido Ángel Monedero, presidente de la Asociación de Vecinos Ribera Sur del Mar Menor, para quien la ley de Medidas Urgentes del Mar Menor "ha nacido coja". A su juicio, el decreto de Medidas Urgentes nació debido a un "ataque de pánico de la Consejería viendo que la fiscalía amenazaba con el procedimiento general del Mar Menor".

Según Monedero, el decreto fue "consensuado" con los agricultores porque "ninguno de ellos protestó" y las medidas "no se iban a adoptar porque no había voluntad por parte de la Administración para solventar el problema".

A su juicio, la Administración "mira de lado", motivo por el que tuvieron que recurrir al Defensor del Pueblo y denunciar ante la Fiscalía en el año 2015 la situación de la laguna salada, ha recordado apuntando a que se deberían retrotraer los campos que antes estaban en secano. El presidente de esta asociación ha apuntado que el problema de la laguna salada viene primero del boom inmobiliario, el agrónomo y la construcción de los EDAR.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, Cristina Roca, ha recordado a los parlamentarios que las reivindicaciones por el estado del Mar Menor ya comenzaron en el año 2005 en Los Urrutias y en 2007 la demarcación de costas creó la comisión del Mar Menor para realizar acciones de conservación de la laguna. Además de eso, ha manifestado que desde el año 2011 ha habido "concentraciones constantes" por parte de la Asociación del Arco Sur.

"Parece que todo el mundo nos da la razón, pero el Mar Menor sigue como está. No se han tomado medidas contundentes y necesarias para que recuperemos la laguna", ha manifestado, añadiendo que el tema del Mar Menor "debería ser un tema nacional. Es tanto o más importante que lo que sucedió en el Prestige".

Sobre la ITI del Mar Menor, la presidenta de la Federación ha afirmado que no están viendo los resultados de la misma.

Por parte de la Plataforma Ciudadana Pacto por el Mar Menor, Celia Martínez, ha pedido un "compromiso serio" de la Administración para sentar las bases que impidan mayores consecuencias en la laguna salada porque la situación allí "es inadmisible".

Sobre el estado de la laguna salada, el portavoz de ANSE ha asegurado que parece que hay una mejora en el proceso de eutrofización con respecto al año pasado, "lo difícil es saber si en los próximos meses se aclararán las aguas".

La comisión especial ha ratificado su intención de que sigan las comparecencias en los próximos meses y que cada grupo parlamentario elabore unas directrices, que deberán tener en dos semanas, para que el Gobierno regional elabore la Ley Integral del Mar Menor. Éstas deberán contener los instrumentos de apoyo para la gestión integral y una estrategia para la gestión integrada, medidas en los planes de carácter estatal y regional con el objetivo del vertido 0, las directrices de ordenación del Mar Menor y su área de influencia , programas específicos a desarrollar, la regulación de los usos y actividades como la pesca, urbanismo e instalaciones náuticas y los instrumentos para la gobernanza.

Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada de Podemos María Giménez ha señalado que la ley de gestión integral "tiene que acelerarse", entre las medidas que propondrán incluir destacan la aprobación del plan de gestión integral, un plan de recuperación y sostenibilidad que regule las actividades de la superficie o que los planes generales de ordenación urbana se adapten a la ley y que mientras que eso no ocurra se proceda a la moratoria urbanística.

El diputado de Ciudadanos Luis Francisco Fernández ha destacado de la comisión que de haberse aplicado la normativa existente, el Mar Menor "no se encontraría en la situación actual". Su grupo también ha avanzado que están trabajando con los colectivos en la ley integral del Mar Menor para dar al Gobierno los puntos que consideran importante que se incluyan en el texto.

Desde el PSOE, Yolanda Fernández ha hecho un repaso a las afirmaciones de los comparecientes en las que han culpado del estado de la laguna al desarrollo urbanístico, al incremento de la agricultura intensiva o a los efectos de la minería. Sobre la ley integral, la socialista ha remarcado que si en septiembre el Gobierno regional no tiene la normativa, su partido se pondrá a redactarla.

Finalmente, el 'popular' Jesús Cano ha advertido que la sociedad pide que dicha ley se elabore en la Asamblea Regional "escuchando a todos los sectores implicados". "No hay que dejarla para septiembre, el Mar Menor no admite una moratoria para septiembre". También se ha pronunciado sobre la efectividad de la araña finlandesa advirtiendo que "aún no se han determinado los efectos, pedimos prudencia" y que se están haciendo ensayos para evitar daños.

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