MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha aplazado a mañana, viernes, la declaración del primero de los 22 indignados que están imputados por el bloqueo al Parlamento de Cataluña que un grupo de manifestantes del movimiento 15-M protagonizó el pasado 15 de junio, informaron hoy fuentes jurídicas.
El abogado de este primer compareciente, que estaba citado este jueves al mediodía, se ha puesto en contacto con el Juzgado Central de Instrucción número 6 para manifestar que su cliente no se había podido desplazar hasta Madrid porque pensaba que estaba citado para el viernes.
Tras la explicación, el juez ha acordado aplazar la diligencia hasta mañana, viernes, y llevar a cabo esta declaración junto a las otras cuatro que tiene previsto celebrar a partir de las 11.00 horas. Un sexto imputado está citado en la Audiencia Nacional para el próximo martes.
ENTRE TRES Y CINCO AÑOS DE CÁRCEL
Los 22 imputados, de los que un total de 10 han sido detenidos a lo largo de esta semana, son investigados como presuntos autores de un delito contra altos organismos de la Nación, que conlleva penas de entre tres y cinco años de cárcel.
En la causa, en la que está personada el sindicato Manos Limpias como acusación popular, el juez investiga los "actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica" que se produjeron cuando un grupo de indignados trató de "impedir la asistencia" de los parlamentarios a la sesión plenaria y "entorpecer su labor".
Desde primera hora del lunes los Mossos d'Esquadra comenzaron a localizar a los imputados y les trasladaron a comisaría, donde les fueron tomando declaración y entregando las correspondientes citaciones judiciales.
IDENTIFICADOS POR LAS GRABACIONES
Las imputaciones se produjeron después de que el juez Velasco solicitara a la policía autónoma catalana que identificara a las personas que participaron en estos hechos y que le enviaran las imágenes que fueron grabadas en las inmediaciones del Parlamento catalán.
El juez instructor, que abrió esta investigación a petición de la Fiscalía, rechazó investigar los "incidentes contra el orden público", "atentados" y actos de "resistencia o desobediencia" que se produjeron el 15 de junio y que se persiguen en los Juzgados de Barcelona.
Algunos diputados autonómicos fueron objeto de insultos, abucheos y empujones cuando intentaban acceder a la Cámara a través del Parque de la Ciudadela de Barcelona, mientras que otros, como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, fueron trasladados en helicóptero.
INTERÉS "CIUDADANO" DE MANOS LIMPIAS
A pesar de que la fiscal Teresa Sandoval solicitó que se impusiera a Manos Limpias una fianza de 50.000 euros para poder personarse en esta causa en un escrito en el que le acusaba de pretender establecer "una inquisición general" contra todas las actividades del 15-M, el juez acordó rebajar esa petición a 3.000 euros, dado "el interés ciudadano" que, a su juicio, tenía "la persecución de delitos que afectan a sus instituciones esenciales, cual es el caso del Parlament de Cataluña".
De igual forma, destacó la necesidad de "permitir el legítimo ejercicio de la acusación popular, compatibilizándolo con la intención legal de resarcir en su caso los hipotéticos daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso inadecuado de esta institución procesal".
La Fiscalía, sin embargo, apuntó en su escrito que las actuaciones de Manos Limpias eran "difícilmente compatibles con el legítimo interés de que se imparta justicia", al pedir que se investigaran en un mismo procedimiento otros incidentes que se produjeron en Madrid, Valencia, Getafe o Alcalá de Henares.
A su juicio, la pretensión de los querellantes "quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución, y particularmente proscrita por la doctrina constitucional".
