Abogado del Caso Tangora sobre acoso inmobiliario dice que sus clientes están satisfechos y se ha hecho justicia

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El abogado de la acusación particular del Caso Tangora, Ignacio Imaz, por el que un juzgado de Bilbao ha condenado a cuatro personas a penas de entre 39 y 69 meses de prisión por "hostigamiento" a unos vecinos para que vendieran su vivienda, afirmó hoy que sus clientes están "satisfechos" por el hecho de que se haya acabado "haciendo justicia".

"Contentos no estamos, porque se ha sufrido muchísimo; pero lo que estamos es satisfechos porque se haya acabado, y se ha acabado además haciendo justicia", añadió. El abogado precisó que, si se confirma la sentencia, como es factible, los acusados "ingresarán en prisión". "Sin duda", apostilló.

Preguntado por los medios de comunicación, negó que el propietario de la vivienda, que realojó a una familia de etnia gitana en un palacete por un euro al mes, hubiera hecho este acto "por caridad" como ha venido defendiendo. "Habla de caridad (él) cuando es evidente que aquí no ha habido caridad, sabía perfectamente a quién metía", explicitó.

En este sentido, recordó que los propios miembros de esta familia han reconocido que ya habían sido "echados" de Sestao por su conflictividad. "Así que han montado lo que han montado", añadió.

La sentencia del Caso Tangora establece una de las primeras condenas por acoso inmobiliario, junto a la dictada en Barcelona con penas de un año de prisión y 3.300 euros de multa.

La resolución se refiere al caso de acoso inmobiliario ocurrido en la localidad vizcaína de Getxo en 2003 en un piso de un palacete de lujo, después de que el denunciante, que vivía de alquiler en el piso inferior del inmueble, ejerciera su derecho a compra.

El segundo piso había sido previamente adquirido por J.J.R., quien también quería comprar el inferior y que, con el objetivo de que su nuevo propietario abandonara la vivienda, permitió la entrada en el piso a una familia de etnia gitana. Entonces, comenzaron, según el denunciante, "todo tipo de perrerías" con el objetivo de "amilanar su voluntad" y que los propietarios del piso inferior "acabaran vendiéndole el piso".

La sentencia, dictada y comunicada a las partes ayer, condena al hostelero que cedió su piso en el palacete de Getxo a la familia de etnia gitana, J.J.R., a 39 meses de prisión, dos años por un delito contra la integridad moral o una multa de quince meses a razón de 20 euros día por un delito de daños continuado, a la pena de 15 meses de prisión por un delito continuado de allanamiento de morada.

Además, impone la misma condena a tres de los miembros de la familia que residía en el piso. En concreto, a R.B., esta pena más seis meses de prisión por un delito de amenazas a D.E., y esta pena más dos años y seis meses de prisión por un robo a A.B.

Según recoge, estos actos se realizaron en ejecución de "un plan torticero que tenía por fin último, bien que los vecinos del piso de abajo vendieran su vivienda o que ejecutaran las obras que pretendía hacer el inculpado, pero en cualquier caso doblegar su voluntad".

De esta manera, se reconoce que existía "un plan premeditado para hostigarles de forma permanente" y que este "hostigamiento" se efectuó "de forma efectiva con inundaciones voluntarias y permanentes, allanamientos de morada permanentes, un robo en el piso de abajo y con varias amenazas serias y graves".