Los acusados por actos de 'kale borroka' en el País Vasco y Navarra entre 1997 y 2002 niegan su participación

Actualizado 09/02/2007 16:04:28 CET

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los doce acusados de perpetrar 22 acciones de 'kale borroka' (violencia callejera) entre junio de 1994 y enero de 1997 en el País Vasco y Navarra, para los que el fiscal solicita penas de entre 9 y 58 años de cárcel, negaron hoy ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les juzga su participación en los hechos. El juicio continuará el próximo jueves.

Los acusados, entre los que se encuentra Joseba Mirena Higuera, alias "El Abuelo", se negaron durante la vista a contestar las preguntas de la acusación y respondieron únicamente las realizadas por su abogada, Amaia Izko. En todos los casos aseguraron no tener conocimiento ni haber colaborado en ninguno de los actos de violencia de los que se les acusa, entre los que se encuentra el lanzamiento de 'cócteles molotov' contra un coche de Policía en el que dos agentes resultaron heridos, uno de ellos muy grave.

Durante la declaración de "El Abuelo" se produjo un altercado en la zona habilitada para el público cuando la hija de una víctima de ETA irrumpió en insultos contra el acusado que acababa de justificar la existencia de sosa en su vivienda asegurando que la necesitaba para "fabricar jabón".

La joven que tras levantarse de su asiento comenzó a gritar "asesinos,asesinos" a los procesados, de los que les separa una mampara de cristal, fue increpada por varios familiares de los acusados que se encontraban en la misma sala. El incidente terminó cuando la mayoría de los presentes solicitara "respeto y silencio".

Los acusados a los que el Ministerio Público imputa delitos de colaboración con banda armada, lesiones terroristas, tenencia ilícita de armas, tenencia de sustancias explosivas, daños, estragos e incendio justificaron las declaraciones inculpatorias realizadas tras sus detenciones asegurando que fueron realizadas ante la existencia de torturas y amenazas.

PENAS.

Joseba Mirena Higuera García, "El Abuelo", se enfrenta a 58 años de cárcel por todos los delitos anteriores con la agravante de reincidencia, salvo el de lesiones terroristas. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera que actuaba como "responsable externo" o "dinamizador" de los "grupos Y", que cometían las acciones de 'kale borroka' siguiendo instrucciones de ETA para crear un "clima de inseguridad colectiva".

Según el Ministerio Público, "El Abuelo" era el encargado de reclutar jóvenes para las acciones violentas, les proporcionaba material e instrucción para cometerlas, fijaba objetivos y reivindicaba los actos de 'kale borroka' ante el diario 'Egin'.

En el registro a su domicilio, la Policía se incautó de multitud de materiales para confeccionar artefactos explosivos, como cócteles molotov o napalm casero, una escopeta, un revólver de perdigones o tacos de madera con punta metálica para confeccionar cohetes-flecha.

Asimismo, el fiscal pide 43 años de prisión para Alberto Pio Oyaga, quien supuestamente también actuaba como "dinamizador", ordenando y planificando las acciones violentas, y encargándose de fabricar y almacenar los cócteles molotov. También Carlos Iñigo Blasco, para quien solicita 15 años de cárcel, se ocupaba de ocultar materiales para los explosivos en un lugar accesible para los procesados.

Entre los actos de los que les acusa el fiscal se encuentra el lanzamiento de cócteles molotov en septiembre de 1996 contra un vehículo de la Policía Nacional de Pamplona. Los dos agentes que se encontraban dentro del coche resultaron heridos. Uno de ellos sufrió quemaduras de segundo grado en el 13% de su cuerpo, que precisaron 170 días para curar y le dejaron numerosas cicatrices. Como resultado de las heridas y del daño psicológico, el agente sufrió incapacidad permanente para ejercer su profesión.

También se les imputa el incendio con 'cócteles molotov' de dos camiones de TVE, también en Pamplona, cuando dos vigilantes jurados custodiaban los vehículos, alcanzando a uno de ellos uno de los artefactos arrojados sin producirle lesiones.

Otros ataques por los que el fiscal acusa a los procesados se dirigieron contra la Comandancia de Marina de San Sebastián, autobuses urbanos, vehículos policiales, cabinas telefónicas, cajeros automáticos y sedes bancarias.

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