ADADE demandará a Hernando (PP) por compararle con Ausbanc, investigada por extorsión

 

ADADE demandará a Hernando (PP) por compararle con Ausbanc, investigada por extorsión

Publicado 28/04/2017 15:04:38CET

Subraya su independencia y asegura que no busca ni "rédito político, ni económico"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha anunciado este viernes que presentará una demanda por lo civil en defensa a su derecho al honor contra el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, que aseguró que este colectivo, personado como acusación popular en distintas causas de corrupción como 'Gürtel' o 'Púnica', es el "Ausbanc del PSOE", organización investigada por extorsión a diversas entidades financieras y empresas.

Así lo ha manifestado el presidente de la asociación, Javier Ledesma, en una rueda de prensa en el Colegio de Abogado de Madrid, en la que también han participado los letrados Francisco Montiel y José Mariano Benítez de Lugo. Para la asociación, las declaraciones del portavoz 'popular' suponen "una carga de profundidad, un ataque directo a la acción popular".

Hernando afirmó el pasado 19 de abril en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados que el tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) ha decidido ahora citar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando anteriormente ya lo había rechazado, debido a las "presiones espúreas" de ADADE con el fin de "desprestigiar" y "difamar" al jefe del Ejecutivo. "Es el Ausbanc del Partido Socialista, buscan obtener un beneficio político a través de los tribunales. No voy a decir que es el 'Manos Sucias' del PSOE, no lo voy a decir, pero ya está bien", añadió.

"SOMOS INDEPENDIENTES"

"Somos independientes", ha recalcado Ledesma, al tiempo que ha subrayado que parece que Hernando "olvida que el PP se personó también como acción popular en Gürtel y fue expulsado porque encubría una situación procesal de defensa muy opuesta al interés popular que defiende la acusación popular".

A juicio de Benítez de Lugo, Hernando "no entiende nada de lo que es un proceso y el papel de la acción popular, no tiene ni idea de lo que es un proceso". "Siempre los abogados intentan orientar la decisión del juez, evidentemente (...)", que luego resolverá "dentro de su libertad de criterio", ha precisado.

"No buscamos réditos políticos, ni económicos", ha concluido Benítez de Lugo. En la misma línea, el abogado Francisco Montiel ha asegurado que la actuación de ADADE es "independiente" y que su interés en solicitar pruebas, como la testifical de Rajoy, es "esclarecer la verdad".

Montiel ha apostillado que la función de los abogados es "persuadir a los tribunales" de que sus "posturas son las adecuadas". "A veces lo conseguimos y otras no", ha dicho.
Además, ha apuntado que ven su actuación "plenamente justificada" cuando entienden que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado "no defienden los intereses de la colectividad", sino que "actúan con pasividad".

LA ACUSACIÓN PARTICULAR NO ALARGA LOS PROCEDIMIENTOS

Por otro lado, sobre otras declaraciones, las del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que reconoció que no era partidario de la acusación particular porque, a su juicio, ha generado más perjuicio que beneficios, entre ellos, "la dilación de los procedimientos"; el presidente de ADADE ha enfatizado que quiénes los alargan son "los que no participan con la justicia, que presentan recursos y recursos".

Preguntados por si creen que Moix debería dimitir tras conocer que el fiscal jefe dio una orden contraria a la planteada por los fiscales del 'caso Lezo' en relación a los registros de alguno de los imputados, Lesdema ha dicho que no se quiere pronunciar al respecto, ya que ellos son abogados y cualquier cosa que dijese podría ser "muy mal interpretado".

No obstante, el abogado de la asociación, José Mariano Benítez de Lugo, sí que ha afirmado que, bajo su "punto de vista", Moix debería ser cesado; mientras que Francisco Montiel ha indicado que se opondría al fiscal jefe si éste no defendiese los intereses generales.

Eso sí, ha apuntado que no tiene constancia de que "nunca antes" se haya invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal --que establece que si un fiscal recibe una orden "que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente", se lo hará saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado" y si éste "no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía"-- como hicieron los dos fiscales adscritos a la 'Operación Lezo', Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez.

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