VALENCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Alborch, ha asegurado que el Gobierno central ha protegido el barrio valenciano de El Cabanyal "de forma valiente, desde el respeto a la legalidad y en el marco de sus competencias".
Alborch se ha pronunciado así en relación a la decisión del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat de presentar conjuntamente una querella por un supuesto delito de prevaricación contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, como "responsable-firmante" de la orden ministerial que paraliza el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal por considerar que su ejecución supone expolio.
En un comunicado, la representante socialista ha señalado que "el equipo de gobierno municipal no puede pretender que un dictamen jurídico encargado y pagado por él tenga mayor validez legal que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo, que instan al Gobierno a dictaminar sobre la existencia o no de expolio".
De igual modo, "el Partido Popular no puede contraponer el dictamen al informe del Consejo de Estado, que respaldó la competencia del Ministerio de Cultura para emitir la orden de paralización frente al supuesto de jerarquías que defendía el Consell, o a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la aplicación de la ley autonómica que hubiera amparado los derribos", ha afirmado.
"Causa sorpresa que el Ayuntamiento vaya a emprender nuevas acciones judiciales cuando todavía se está a la espera de la decisión del Constitucional", ha manifestado Alborch, para quien la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, intenta "presionar a los tribunales" con su anuncio, "en su campaña electoral permanente contra el Gobierno"
"PROLONGAR EL SUFRIMIENTO DE LOS VECINOS"
En este sentido, la portavoz socialista ha lamentado que Barberá "persista en su empecinamiento de prolongar el sufrimiento de los vecinos y vecinas del barrio y de enfrentarse con el Gobierno de España" y le ha instado a consensuar con los vecinos un plan alternativo a la prolongación para revitalizar el barrio mediante la recuperación de su patrimonio, la construcción de vivienda de protección pública, la construcción de equipamientos y el impulso de su comercio
Alborch ha recordado que, con la orden que obliga a suspender las demoliciones previstas en el Pepri al considerar que la prolongación de Blasco Ibáñez supondría la expoliación del patrimonio, el Ministerio de Cultura actuó "en el marco de sus competencias exclusivas, en interés de los valencianos y valencianas, en defensa de su patrimonio y de su identidad, en cumplimiento de sendas sentencias del TSJM y del TS, y tras tomar en consideración los informes de expertos e instituciones".
"La ministra actuó de acuerdo a la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 149.1 de la Constitución en defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación", ha explicado Alborch, para quien "es la Generalitat quien invadió competencias que no le son propias al aprobar un decreto-ley ad hoc para dejar sin efecto la orden ministerial y burlar la legislación nacional y autonómica sobre la protección del patrimonio".
