Álvarez del Manzano declara que los asesores jurídicos y económicos no vetaron la privatización de la funeraria

Actualizado 19/09/2007 15:55:45 CET

"No había un afán de privatizar en el sentido de hurtar competencias, sino que se trataba de resolver un problema económico", dice

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano declaró hoy en el juicio por el 'caso Funeraria', en el que se juzga la presunta venta irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, que los asesores jurídicos y económicos del Ayuntamiento de Madrid no interpusieron ningún veto a la privatización de la funeraria municipal a manos de Funespaña. De no ser así, recalcó, "la operación no hubiera seguido adelante".

Álvarez del Manzano compareció esta mañana como testigo ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de dilucidar si hubo delito en la privatización del 49% de las acciones de la funeraria municipal, aprobada por el Pleno del Consistorio el 22 de diciembre de 1992.

En su declaración, el ex regidor madrileño quiso dejar claro que ni el secretario general del Ayuntamiento, José Mario Corella, ni el interventor en aquella época, Vicente Arnau, pusieron "ningún tipo de impedimento legal" para que la venta se pudiera hacer efectiva. "Nunca hubo un planteamiento de que aquéllo no se pudiera hacer. En caso contrario, yo no lo hubiera hecho", apostilló.

Frente a ello, la tesis del fiscal defiende que el equipo de Álvarez del Manzano, entre los que figuraba el ex diputado regional Luis María Huete --entonces primer teniente de alcalde--, hicieron caso omiso tanto a las advertencias de Arnau en contra de la adjudicación como a las recomendaciones de cifrar el precio del 49% de las acciones en 1.098 millones de pesetas.

Pese a que el interventor era el único experto económico que se pronunció sobre la operación, el ex alcalde insistió en que la valoración que recogía su informe "no se correspondía con la contabilidad de la empresa". Dicho esto, tachó de "confuso" y "contradictorio" el informe, aunque no supo explicar, a preguntas del fiscal, el por qué de tales afirmaciones.

BENEFICIOS PARA EL AYUNTAMIENTO

Álvarez del Manzano explicó al tribunal que el equipo de Gobierno municipal tomó "la decisión conjunta" de privatizar parcialmente la Empresa Mixta para salvarla de la situación de quiebra en la que se encontraba. "Existía --apuntó-- una gran preocupación porque la gestión no era la adecuada".

Por esta razón, su grupo decidió "acudir a una financiación externa para hacer frente a la situación económica". "Nos parecía que era el momento adecuado", dijo, al tiempo que aclaró que entonces "no había un afán de privatizar en el sentido de hurtar competencias, sino que se trataba de resolver un problema económico".

Según su testimonio, los concejales populares, entre ellos Antonio Moreno y Simón Viñals, creyeron que la privatización de la Empresa Mixta era "una decisión buena" para evitar que el monopolio de la empresa se extinguiera. De hecho, subrayó, el Consistorio "se benefició" de la operación.

DEFENSA DE LOS CONCEJALES

El que fue alcalde durante 12 años defendió la actuación de los concejales imputados en el proceso de adjudicación y aseguró, al respecto, que todas las decisiones se tomaron de manera conjunta en las reuniones previas a los Plenos que realizaba el equipo de Gobierno.

A preguntas sobre si Huete, Viñals y Moreno le informaron de la operación, el ex dirigente popular respondió: "Todo eso constituía un conjunto de acciones de la gestión municipal y los temas se estudiaban conjuntamente".

Por eso, según indicó, estuvo al corriente tanto de las características del Pliego de Condiciones que se redactó para el concurso como de las tres empresas que se presentaron para optar a la adjudicación, de las cuales dos de ellas "no cumplían los requisitos" establecidos.

Inquirido sobre si Huete hizo la propuesta de vender a Funespaña las acciones por 100 pesetas (O,60 euros), Álvarez del Manzano contestó: "Supongo que sería así". Según dijo, el entonces diputado regional tenía la responsabilidad del proceso de adjudicación, puesto que su cargo como primer teniente de alcalde así lo conllevaba.

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