Anticorrupción pide siete años de cárcel para la exalcaldesa de Jerez

Publicado 17/12/2013 22:57:29CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado siete años de cárcel para la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez, así como 16 de inhabilitación, por la presunta concesión de una ayuda de forma irregular a una empresa para la compra de suelos en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA).

Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, el ministerio público acusa a la exregidora socialista de incurrir con estos hechos en la comisión de presuntos delitos de malversación de fondos, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en la administración para conseguir que supuestamente una ayuda de 244.000 euros se le otorgara a la empresa TISA (Tecnología e Innovación Sanitaria) para su implantación en el PTA.

Además de Sánchez, en el conocido como 'caso PTA' también están imputadas otras seis personas, entre exdelegados municipales, concejales, un técnico municipal y los gerentes de la sociedad TISA, para los que el fiscal también solicita penas de prisión desde los dos años y tres meses a los cinco años y medio.

Las mismas fuentes han precisado que el fiscal, en su escrito de calificación, pide una condena de cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación para el entonces concejal de Fomento y actualmente concejal y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento jerezano Francisco Lebrero, y cinco años y medio de prisión e inhabilitación absoluta de 16 años para la exdelegada de Medio Rural, María del Carmen Martínez.

A ambos ediles se les acusa de un presunto delito de cooperación para la prevaricación, malversación falsedad en documento y fraude en la administración.

Cabe destacar que la actual responsable del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Junta se enfrenta a una pena de prisión de tres años y una multa de 8,6 millones de euros que también ha pedido el fiscal por un presunto delito de desvío de subvenciones de los fondos estatales del Plan E para fines "ajenos" a los que iban destinados este programas, como el pago de nóminas municipales.

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