Antidroga reclama un fiscal de enlace en Bogotá para luchar contra el narcotráfico

Actualizado 25/01/2006 16:54:56 CET

El vicepresidente de Colombia alerta del aumento del consumo de cocaína en España

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe Antidroga Javier Zaragoza aseguró hoy que se "está sopesando muy seriamente" el establecimiento de un fiscal de enlace destinado en Bogotá para "reforzar los mecanismos de cooperación" entre las autoridades judiciales españolas y colombianas en la lucha contra el narcotráfico, en una rueda de prensa que ofreció junto con el vicepresidente de Colombia Francisco Santos antes de una reunión celebrada entre ambos en la Audiencia Nacional.

Según Zaragoza, "Colombia es el punto clave" en la lucha contra este comercio ilegal, especialmente en lo relativo a la cocaína. El consumo de esta droga en España "ha roto en 2005 todos los registros de su historia", ya que durante el pasado ejercicio se incautaron más de 50 toneladas de esta sustancia en España, país que decomisa entre el 70% y el 80% del total de Europa, añadió el fiscal Antidroga.

Por este motivo, Zaragoza destacó la importancia de "reforzar los mecanismos de cooperación judicial" entre ambos países en la "lucha contra el gran narcotráfico y el blanqueo de capitales". En concreto, mencionó la necesidad de establecer "cauces de comunicación directos" entre las fiscalías, protocolos para facilitar información o la incorporación de Colombia en los equipos conjuntos de investigación de la Unión Europea que luchan contra este tipo de delitos, ya que "muchas investigaciones afectan muy directamente" al país sudamericano.

FRANCISCO SANTOS

Por su parte, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, calificó de "fácil" la integración de su país en los mecanismos judiciales de la Unión Europea para "fortalecer la lucha contra ese maldito delito", especialmente respecto a Gran Bretaña y España, países que "preocupan mucho" a su Gobierno porque en ellos, aseguró, se ha producido un "increíble boom" del consumo y el tráfico de cocaína.

Según él, las consecuencias del narcotráfico no sólo afectan a la salud, sino también tienen un fuerte impacto medioambiental: "Cada año, más de 25 mil hectáreas de selva son destruidas para satisfacer el consumo de cocaína de un país como España".

Santos recordó que la mayoría de grupos ilegales colombianos, como las FARC, se financian a través del comercio de cocaína, por lo que su consumo produce "muertos, desplazados, atentados terroristas y secuestros". En su opinión, "se está inundando el mercado de la cocaína" y, por primera vez, el número de sobredosis en el mundo por esta sustancia supera al de la heroína. "Para tener una sobredosis de cocaína, se tiene que ser un consumidor muy duro", agregó.

El vicepresidente colombiano afirmó que Europa vive ahora lo que Estados Unidos vivió a mitad de los años 80 y se da una situación en la que esta sustancia es vista como una "droga con caché" y que goza de "legitimidad social". El país con un mayor índice de consumo en el mundo, recalcó, es Estados Unidos, aunque proporcionalmente a su población, "España e Inglaterra están ya al mismo nivel".

Por ello, Santos abogó por tomar "medidas muy urgentes", como las que ya han planteado en el marco de su colaboración con el Gobierno de Reino Unido. Entre ellas se refirió a la posibilidad de llevar a víctimas del terrorismo, de secuestros o de explosiones de minas antipersona, para que drogadictos o ex drogadictos del país europeo les vean y se den cuenta de que "cada línea de coca está untada de sangre". También se mostró favorable a realizar campañas publicitarias "muy agresivas", en las que aparezca alguna de esas víctimas bajo el lema "usted ayudó a matarlo".

LEY DE JUSTICIA Y PAZ

El vicepresidente colombiano también se refirió a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz para la desmilitarización de grupos paramilitares en el país sudamericano. Se trata, en su opinión, de una iniciativa legislativa "muy difícil", que ha contribuido a un desarme "muy fuerte" de estas organizaciones. Gracias a la ley, añadió, "hay más de 15.000 personas desmovilizadas, sin armas en las manos".

Además del desarme, sostuvo, se han creado estructuras judiciales y de investigación para aplicar la ley. A su vez, los fiscales y los tribunales superiores de Justicia "van a facilitar la verdad judicial sobre la mayor parte de los crímenes horrendos" que estos grupos paramilitares llevaron a cabo.