ANV denuncia ante el TEDH la inadmisión de los recursos contra la ilegalización de sus candidaturas

Actualizado 02/01/2008 15:28:57 CET

BILBAO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los abogados de Acción Nacionalista Vasca han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dos demandas contra la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de mayo de 2007 que denegaba el amparo solicitado contra el Auto del Tribunal Supremo de 5 de mayo por el que se anularon un total de 133 candidaturas para los comicios del pasado mes de mayo en Euskadi y Navarra, según informó hoy la formación en un comunicado.

La primera de ellas, presentadas el pasado 29 de diciembre, se ha interpuesto en relación a la anulación de 125 candidaturas presentadas en municipios vascos y navarros, así como de siete candidaturas correspondientes a las Juntas Generales en diversas circunscripciones de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa. La segunda demanda planteada hace referencia a la candidatura presentada al Parlamento de Navarra.

Las demandas planteadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ANV señalan que la actuación de los tribunales del Estado ha supuesto "una violación" de tres artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el 10, relativo a la libertad de expresión, el 11, relativo a la libertad de asociación, y el 13 relativo al derecho a un recurso efectivo.

Además, en el caso de las elecciones al Parlamento de Navarra, ANV considera que "se ha vulnerado el artículo 3 del Protocolo número 1 del Convenio, que solamente es de aplicación en elecciones a una Cámara legislativa y que establecen la obligación de celebrar elecciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo".

En las demandas, ANV indica que "la actuación de los tribunales españoles es contraria a la jurisprudencia de la Corte Europea" ya que, según destaca, han actuado "sin tener en cuenta lo que el Tribunal de Estrasburgo ha manifestado en sus múltiples sentencias relacionadas con la libertad de expresión y la libertad de asociación".

La formación abertzale explica que "se parte del reconocimiento que el propio Tribunal Constitucional realiza al negar que ANV sea un partido político mero sucesor o continuador del ilegalizado Batasuna, lo que se soporta además, de forma resumida pero elocuente, poniendo en conocimiento del Tribunal tanto la historia de ANV como los elementos (tanto objetivos como subjetivos) que no fueron tenidos en cuenta por los tribunales españoles a la hora de valorar las candidaturas anuladas".

Asimismo, denuncia la "ingeniería jurídica", que en su opinión llegó a alcanzar "el fraude procesal", tanto por parte del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional para estimar las demandas del Abogado del Estado y la Fiscalía General del Estado que, "presentadas formalmente bajo el amparo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, fueron finalmente resueltas bajo la cobertura de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, llegando a establecer un procedimiento híbrido, mezclando ambas leyes".

"Ante la ausencia de una previsión legal que permitiera anular parcialmente unas candidaturas presentadas por un partido político legal, se utilizó una técnica, que el propio Tribunal Constitucional calificó de extravagante, consistente en sostener que una formación ilegalizada controlaba parte de las listas de ANV", señalan los abogados de la formación.

También se denuncia que el Tribunal Constitucional no haya efectuado "un análisis individualizado" de cada una de las candidaturas cuya anulación se acordó, lo que "posibilitó que el Fiscal General de Estado pudiera manifestar que 'quizás nos hemos pasado, pero ha colado', poniendo de manifiesto el carácter político de la actuación del Estado contra ANV, así como la falta de argumentos jurídicos que justificaran una medida tan grave".

Asimismo, indica "los efectos desproporcionados" que la ilegalización de Batasuna genera "tanto desde la perspectiva individual del miembro, afiliado o cargo del partido ilegalizado al que se le somete a una causa de inelegibilidad a perpetuidad, como desde el punto de vista del colectivo social y político afectado, al que la aplicación de la 'contaminación sobrevenida' a personas que han integrado candidaturas de agrupaciones electorales posteriormente anuladas, hace que el efecto de la ilegalización alcance a miles de ciudadanos vascos, con lo que ello supone de falta de respeto al pluralismo de las ideas y opiniones".

Desde ANV, señalan que, "contrariamente a lo establecido en la amplia jurisprudencia del TEDH" sobre ilegalización de partidos políticos, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional "no evaluaron si esa ingerencia en derechos y libertades fundamentales, de carácter muy grave (con efectos tan radicales como la anulación de las candidaturas), respondía a una necesidad social imperiosa".

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