El fiscal pide que los agentes que registraron la sede del PCTV en Usúrbil sean testigos para la ilegalización

Actualizado 19/05/2008 19:35:29 CET

La Fiscalía incluye como prueba la causa abierta a la alcaldesa de Hernani por mostrar su apoyo a dos etarras del atentado de la T4

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, remitió hoy a la denominada Sala del 61 del alto tribunal, que es la que entiende del proceso de ilegalización instado contra Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), sendos escritos solicitando la práctica de determinadas pruebas, entre ellas la comparecencia como testigos de los policías que registraron las dependencias de esta última formación en Usúrbil (Guipúzcoa) el pasado 5 de octubre.

La práctica totalidad de pruebas testificales, documentales y periciales propuestas en ambos escritos, de seis y diez páginas cada uno, ya figuraban en sendas demandas de ilegalización presentadas por el Ministerio Público a finales del pasado mes de enero. Se añaden dos nuevas diligencias no presentes en dichas demandas.

Respecto de ANV, el fiscal aporta como novedad el auto dictado el pasado e de abril por la Sala del o Penal de la Audiencia Nacional, en el que se ordenó al juez central instructor Santiago Pedraz reabrir la causa por enaltecimiento del terrorismo que había sido archivada inicialmente respecto de la alcaldesa de Hernani, María Ángeles Beitilarrangoitia, de ANV.

La primera edil está imputada por dedicar unas palabras de apoyo a los presuntos presos de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola -investigados por el atentado en la T4 de Barajas- durante la presentación de las candidaturas electorales de su formación. Beitilanrrangoitia también esta siendo investigada por mantener en su municipio un parque con el nombre de histórico de ETA José Aristimuño, alias 'Pana', aunque esta causa no ha sido incluida, de momento, como prueba en el proceso de ilegalización de ANV.

TESTIGOS.

Respecto de PCTV, la Fiscalía solicita a la Sala del 61, que se reunirá próximamente para acordar la práctica o no de todas estas pruebas, que llame como testigos a los policías que realizaron el registro de las dependencias de este partido en la localidad guipuzcoana de Usúrbil en octubre del pasado año, donde se incautaron de numerosa documentación.

En su escrito de demanda, la Fiscalía destacaba que las claves secretas y los códigos pin de seguridad de las cuentas bancarias tanto de ANV como de PCTV fueron halladas por la Policía en la sede Usúrbil, donde se constató además la existencia de reuniones regulares por parte de dirigentes de la ilegalizada Batasuna.

Asimismo, el fiscal refería en su demanda que en esta sede se halló un sello de entintado automático con el logotipo de ANV que se utilizó en algún documento del PCTV por debajo del anagrama de éste, "seguramente aplicado por equivocación".

Por lo que se refiere al resto de la prueba testifical, para el proceso que se sigue contra ANV se pide también la comparecencia de seis policías nacionales que entraron en la sede de Usúrbil y otros policías y guardias civiles.

DOCUMENTOS Y PERITOS.

En los escritos dados a conocer hoy, el fiscal Narváez solicita la incorporación de diez documentos para la ilegalización de ANV, entre ellos el auto sobre la alcaldesa de Hernani y el acta de una reunión de la Junta de Portavoces de Barakaldo (Vizcaya) del pasado 3 de diciembre, aunque no se concreta su contenido.

También se pide adjuntar fotocopias de un diario nacional con información sobre los incidentes en la construcción del tren de alta velocidad en el País Vasco, publicada el pasado 27 de enero.

Con respecto a PCTV se solicita la incorporación por la Sala de otros siete documentos, entre ellos las actas de entrada y registro en la sede de Usúrbil y una certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre esta formación y la relación de altas y bajas laborales de trabajadores a su servicio.

"INFORMES DE INTELIGENCIA"

Finalmente, el informe propone la inclusión de varios informes periciales y niega que sus autores, funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan ningún interés, tal y como alegaron en sus escritos los abogados de ANV y PCTV en hacer valer ante el Supremo ninguna teoría conspirativa ni política para orientar el resultado de su investigación hacia una conclusión determinada.

En este punto, el fiscal Narváez recuerda que, con motivo de la sentencia que ilegalizó Batasuna en marzo de 2003, el tribunal ya consideró que, en todo caso, las conclusiones recogidas en los citados informes y las valoraciones que los peritos-testigos policiales realizaron en los mismos "fueron debidamente controladas, fiscalizadas y contrastadas" por el alto tribunal con otros medios probatorios.