Artur Mas pide aportaciones a los catalanes para pagar los 5,25 millones de fianza por el 9N

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Artur Mas, J.Ortega e I.Rigau en la sala del juicio por la consulta del 9N
EUROPA PRESS/POOL
Actualizado 26/09/2017 13:41:29 CET

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Cuentas defiende su independencia frente a "acusaciones infundadas" por la fianza a Artur Mas

El Gobierno dice a Artur Mas que pagar los 5,2 millones por la consulta del 9-N es su responsabilidad

El expresidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha pedido hoy a los ciudadanos de esta comunidad autónoma que hagan aportaciones a la "caja de solidaridad" para pagar las fianzas que el Tribunal de Cuentas le ha impuesto a él y a otros tres excargos de la Generalitat y que suman 5,25 millones de euros. Hasta ahora, la recaudación de ANC y Òmnium suma dos millones de euros.

Así lo ha pedido Artur Mas en una entrevista en Rac 1, recogida por Europa Press, en la que también han participado la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau, los cuatro inhabilitados por la consulta del 9N y a los que el Tribunal de Cuentas les exige el pago de fianzas.

Todos ellos han emplazado a la sociedad catalana a seguir realizando aportaciones a la "caja de solidaridad" habilitada por las entidades soberanistas para poder hacer frente a las multas derivadas por la organización tanto de la consulta del 9N como a las eventuales sanciones que se deriven del referéndum del 1 de octubre.

Mas ha reconocido que sin éstas aportaciones no podrán hacer frente a la multa del Tribunal de Cuentas pero ha apuntado que las aportaciones también deberán servir para "las consecuencias del 1-O".

Este lunes, las entidades soberanistas, ANC y Òmnium, informaron que han recaudado cerca de dos millones de euros para su Caja de Solidaridad, que debe servir para sufragar las acciones del Estado contra el independentismo que conlleven penas económicas.

El exconseller de la Presidencia Francesc Homs ha considerado que la sentencia del Tribunal de Cuentas es "un despropósito" pero cree que existe margen para recurrirla a instancias europeas y conseguir una eventual anulación.

Así, ha afirmado que la sentencia es "ilegal" desde el punto de vista formal y ha añadido que está pisando sus derechos individuales.

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