El Gobierno reafirma su compromiso contra esta pena en una reunión con los miembros de la Comisión Internacional creada en 2010
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La subvención anual que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación concede a los españoles condenados a muerte en el extranjero tuvo en 2017 dos beneficiarios por primera vez desde su creación: Pablo Ibar -preso en Estados Unidos y destinatario único de esta ayuda desde que se creó en 2009-- y Artur Segarra, condenado a muerte en Tailandia por el asesinato del también español David Bernat.
Según datos de Exteriores a los que ha tenido acceso Europa Press, de los 30.000 euros correspondientes a la convocatoria de 2017, un total de 23.894 euros fueron para la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar y los otros 6.106 para la Associació pro Drets Humans y contra la Pena de Mort ASP, puesta en marcha por los familiares de Segarra.
La diferencia entre las cuantías entregadas a ambas asociaciones responde a las necesidades detalladas por cada asociación a la hora de solicitar las ayudas, según varias fuentes conocedoras del proceso. Los datos pueden consultarse en el Portal de Subvenciones.
Esta ayuda para los españoles condenados a muerte la creó el Gobierno socialista en 2009, destinada principalmente a Pablo Ibar, condenado desde 2000 por un triple asesinato, e inicialmente ascendía a 60.000 euros. En 2012, en plena crisis económica, el nuevo Gobierno redujo la partida global a 30.000 euros.
La subvención está destinada a "la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte".
También puede utilizarse en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recursos de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o conmutación de pena a favor de personas que hayan sido condenadas a muerte. Es el caso de Pablo Ibar, que ha logrado la repetición de su juicio. El nuevo comenzará el 22 de agosto de 2018.
CONVOCADAS LAS DE 2018
Exteriores ha lanzado ya la convocatoria de ayudas para 2018, también por un importe total de 30.000 euros, que puede solicitarse hasta el próximo 11 de junio. En esta ocasión también podrá solicitarla el hispano-egipcio Ahmed el Saadany Ghaly, condenado a muerte en Egipto en octubre de 2017, aunque su condena está recurrida ante la Corte de Casación egipcia.
Según fuentes de Exteriores, Ghaly, igual que todos los presos españoles en el exterior, está recibiendo asistencia consular y su caso está siendo seguido tanto por la embajada española en El Cairo como por el consulado en Alejandría. Además, el Gobierno español ha hecho gestiones ante las autoridades egipcias para dejar claro el rechazo y la preocupación española ante la posibilidad de que se aplique la pena de muerte.
También en el caso de Segarra el Gobierno español está prestando asistencia consular y haciendo gestiones para que su caso cuente con garantías procesales. Su condena está recurrida ante la Corte de Apelación. En Tailandia no se ha aplicado ninguna condena a muerte desde 2009.
En todo caso, el Gobierno presta asistencia consular a todos los españoles detenidos en el extranjero (alrededor de 1.000), una asistencia que incluye visitas, seguimiento de los casos e incluso ayudas económicas en algunos casos, generalmente cuando la prisión en la que se encuentran no cumple los estándares de las españolas, pero no asistencia letrada.
El Gobierno justifica la existencia de esta subvención a los condenados a muerte por "la excepcionalidad de la pena de muerte", un castigo no previsto en el ordenamiento jurídico español y cuya abolición universal es uno de los objetivos expresos de la política exterior española.
Este mismo martes el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha recibido a los comisarios participantes en la tercera Asamblea Anual de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), cuya presidenta es la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navanethem Pillay. El lunes fueron recibidos por Felipe VI.
UNA PENA CRUEL Y "SIN EFECTOS DISUASORIOS"
La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) fue creada el 7 de octubre de 2010 en Madrid con el fin de promover y apoyar toda acción cuyo objetivo sea la obtención de la abolición universal de la pena de muerte. España es el principal contribuyente a esta iniciativa con la que. Según ha informado Exteriores en un comunicado, de este modo "queda patente la decidida apuesta de España por la abolición universal de la pena de muerte que considera cruel e inhumana y sin efectos disuasorios frente al crimen".
Dastis ha asegurado a los comisionados que la lucha contra la pena de muerte será una de las prioridades del mandato de España en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el trienio 2018 y 2021, y que el Gobierno español confía en poder aprovechar esta presencia para colaborar con las iniciativas de la Comisión.
Además, ha destacado el "papel pionero de España en la atención a las víctimas" y ha puesto a disposición de la Comisión la colaboración de España para transmitir y demostrar a los Estados que aún mantienen la pena de muerte que esta pena no supone ayuda alguna para las víctimas de los crímenes.
Por su parte, los miembros de la Comisión han trasladado al ministro su satisfacción por el apoyo español y han hecho entrega al ministro de la publicación "How States abolish the Death Penalty" ("Cómo abolen los Estados la pena de muerte") que recoge datos históricos sobre la pena de muerte y que ha contado con la participación del Ministerio.
