MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El exsecretario de Estado de Agricultura Federico Ramos de Armas intentó solucionar "las demandas económicas" de la empresa FCC a través de "constantes reuniones con sus directivos" que arrancaron en junio de 2013 y que cristalizaron en una "compensación ilegal" a la empresa superior a los 40 millones de euros. Está es la conclusión que extrae la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe incorporado a la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y al que ha tenido acceso Europa Press.
El extenso informe, de 60 páginas, detalla cada uno de los pasos dados por altos cargos del Ministerio de Agricultura para satisfacer las demandas de la empresa, a la que se había atribuido sendos contratos millonarios para la descontaminación del embalse del Flix y la puesta en marcha y mantenimiento de la desaladora de la Baja Almanzora.
Los investigadores sospechan que fue el Estado el que cubrió el coste provocado por los enormes daños sufridos en esta última planta de tratamiento de aguas debido a una inundación. El coste, que debió asumir la compañía contratista, acabó siendo "compensado" a través del sobrecoste de la liquidación final del contrato del Flix que pasó de 1,7 a 9,5 millones de euros.
La Guardia Civil incluye varios correos intercambiados por Ramos. En una de ellos, remitido al que fuera secretario general de Acuamed, Arcadio Mateo, le indica: "Arcadio, ¿podemos llevar a cabo como pide la contratista la liquidación pendiente de la obra al Consejo de Administración del mes de julio por valor de 9,5 millones?. Así vamos avanzando con esta gente".
Las negociaciones con FCC continuaron a lo largo de 2014 y 2015 y se produjeron al más alto nivel. Los emails incautados mencionan un encuentro en junio del pasado año del exsecretario de Estado con Alicia Koplovick.
El informe también refleja la preocupación de Arcadio Mateo con la salida de Ramos de la secretaria de Estado. "Yo quiero cerrarlo, porque es lo mejor para todos, independientemente de que nos cambie el secretario", indicó en una conversación con Miguel Jurado, presidente de FCC Construcciones imputado por su participación en la trama del agua.
La conclusión de los agentes sobre el papel de Ramos es que "quería buscar la solución" y en "habría instruido a Mateo y Ardiles para que lo realizaran". El informe también se refiere a la Directora General del Agua, Liana Sandra Ardiles López, de la que dice que "se habría comprometido con FCC al objeto de adjudicarles contratos en el año 2016 en posible compensación por 'lo pendiente'".
A partir de la intervención de los altos cargos del Ministerio, se llega a una hoja de ruta que "desbloquea la situación" y a la elaboración de una "tabla" en donde se ponía de manifiesto cómo se iban a realizar los pagos y los trabajos que los justificarían, dice la UCO, que agrega: "Conviene recordar que en esas fechas se planteaba el despedir a los técnicos que planteaban inconvenientes o dificultaban los objetivos de FCC.
