La Audiencia avala investigar dentro del caso Palma Arena las subvenciones del Govern a los medios entre 2002 y 2008

Actualizado 07/02/2011 16:40:43 CET

Estima parcialmente el recurso presentado por el periodista Antonio Alemany para llevar a cabo esta prueba, que el juez Castro denegó

PALMA DE MALLORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma avala que se investiguen, en el marco del caso Palma Arena, los concursos de subvención a medios de comunicación convocados por los distintos gobiernos autonómicos entre 2002 y 2008, a pesar de que el juez instructor de la causa, José Castro, rechazó en primera instancia llevar a cabo esta diligencia, solicitada por el periodista Antonio Alemany, quien se encuentra imputado en una de las piezas separadas del caso.

En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal estima parcialmente el recurso de apelación que interpuso Alemany contra el auto de Castro, que consideraba que la pretensión del encausado es "obviamente dilapidadora y entorpecedora", además de "absolutamente impertinente". Sin embargo, la sala considera que estas pesquisas permitirían contextualizar la subvención supuestamente irregular de 270.000 euros que en 2006 percibió la Agencia Balear de Noticias (ABN) -perteneciente a Alemany- en relación a otras concesiones.

Es más, el tribunal, presidido por la magistrada Margarita Beltrán, apunta que la denegación de la prueba solicitada, que "puede ser de interés a los intereses de la defensa", podría afectar "al derecho consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución".

De este modo, la Audiencia estima que debe requerirse a la Dirección General de Comunicación del Ejecutivo autonómico que aporte la relación de convocatorias de subvenciones concedidas a los distintos medios de comunicación entre 2002 y 2008, en la que se identifique la totalidad de empresas concurrentes a cada una de las convocatorias y las que resultaron sufragadas, así como la cuantía de las distintas subvenciones.

En concreto, la defensa de Alemany consideraba necesario, a través de su recurso, comparar el proyecto presentado por ABN, que según los fiscales fue objeto de un "trato de favor" por parte del Govern, con otros licitantes de la misma convocatoria que hubieran obtenido puntuación semejante para que pueda ser "perfectamente" evaluada. Para Alemany, la negativa del juez Castro "impide determinar si la subvención fue debida al interés del propio proyecto o, por el contrario, a la existencia de un supuesto trato de favor".

Es más, el recurso asevera que la práctica de esta prueba posibilitaría tener conocimiento de las solicitudes de subvención que se han otorgado y denegado a cualquiera de las sociedades gestionadas por Alemany, al subrayar que en varias ocasiones le han sido denegadas varias solicitudes y por tanto no en todas ha resultado favorecido.

NEGOCIACIONES ENTRE EL GOVERN, NIMBUS Y ALEMANY

Sin embargo, el auto desestima la petición de que se aporte a la causa el libro de visitas del Consolat de Mar y de la Consejería de Presidencia correspondiente a los meses de julio a noviembre de 2003, ya que "nada puede aportar en relación a las posibles comunicaciones habidas" en referencia a la contratación de Alemany por parte del ex presidente del Govern, Jaume Matas, a través de la empresa de publicidad Nimbus de forma supuestamente amañada.

De acuerdo a las pesquisas, el Govern balear tramitó por vía de urgencia a principios del pasado mandato un concurso público para un proyecto de asesoramiento, y la única empresa que se presentó al concurso fue Nimbus, que se encuentra bajo investigación judicial por presuntamente mediar en una financiación irregular del PP.

OTRA RESOLUCIÓN CONTRARIA A LOS CRITERIOS DE CASTRO

Se da la circunstancia de que la Audiencia dictó recientemente la primera resolución contraria a los criterios del titular del Juzgado de Instrucción número 3 en el marco del caso Palma Arena, al cuestionar que la pista del velódromo Palma Arena se pagara dos veces, en contra también de lo que sostiene el juez Castro. Además, anulaba la fianza civil de 1,2 millones de euros que el magistrado impuso a los arquitectos Luis y Jaime García Ruíz, mediante un auto que el tribunal califica de "absolutamente inmotivado".

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