La Audiencia Nacional condena a 30 años a dos 'grapos' que asaltaron un banco en 2006 en Castellón hiriendo al director

Actualizado 07/11/2008 17:43:05 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cada uno de los dos miembros de los GRAPO Israel Clemente y Jorge García a 30 años de cárcel por el asalto en marzo de 2006 a una entidad bancaria de Castellón, donde provocaron heridas al director de la sucursal.

La sentencia considera a ambos autores de un delito de homicidio terrorista en grado de tentativa (16 años de cárcel), otro delito de detención ilegal (12 de prisión) y otro de robo en grado de tentativa (3 años). Por ello les prohíbe además desplazarse a Castellón hasta pasados diez años de su liberación.

DISPARO POR LA ESPALDA.

Según indica la resolución, los condenados "realizaron dos disparos de revolver, que no alcanzaron órganos vitales, pero que por su cercanía a órganos vitales eran potencialmente muy peligrosos y que se dirigieron contra un hombre que huía de espaldas" por lo que entiende la Sala que los dos terroristas "pretendieron causar la muerte del director como castigo por tratar de huir y no de lesionarle".

Durante la celebración del juicio que tuvo lugar los pasado días 30 y 31 de octubre, tanto Clemente como García, admitieron el asalto al banco y lo justificaron como una forma de recuperar "parte de la riqueza que la gran banca roba a este país", pero negaron tener un "plan preconcebido para atentar contra este señor".

Ambos señalaron que el director, José Gil Lliveros, no era "un objetivo militar" de la organización y que durante el asalto le plantearon que, si colaboraba con ellos, no sufriría ningún daño. De este modo, explicaron ante el tribunal que los disparos tenían el objetivo de intimidarle primero y luego de lesionarle.

En cuanto al delito de detención ilegal, la Audiencia Nacional argumenta que durante el asalto "se produjo un prolongación de la privación de libertad del director de la sucursal, cuando ya no podía facilitarles el dinero, que afectó de modo relevante y autónomo a su libertad".

La pena de 30 años de cárcel impuesta para cada uno es ligeramente inferior de la que exigía la Fiscalía. El representante del Ministerio Público, Vicente González Mota había pedido para ambos sendas condenas de 32 años años de prisión.

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