La Audiencia Nacional condena por primera vez a unos empresarios por corrupción en transacciones internacionales

 

La Audiencia Nacional condena por primera vez a unos empresarios por corrupción en transacciones internacionales

Publicado 26/02/2017 11:34:39CET

Impone un año de prisión a los dueños de una editorial por pagar 70.000 euros a altos cargos de Guinea Ecuatorial para mantener los contratos

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha condenado a dos empresarios de una editorial a un año de prisión por corrupción en las transacciones internacionales, por transferir 70.000 euros en 2007 a altos cargos del Ministerio de Educación de Guinea Ecuatorial con el fin de conseguir nuevos contratos. Se trata de la primera sentencia por este delito en España.

En abril de 2014 el Juzgado de Instrucción central 2 incoó diligencias por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al detectar prácticas irregulares llevadas a cabo por la editorial Aplicaciones Pedagógicas y Comercialización Editorial (APYCE). Se acusó al director de la editorial Aplicaciones Pedagógicas y Comercialización Editorial (APYCE), Antonio Leal Parra; a Basilio Martínez Abril, partícipe del capital social y que desarrolló labores técnicas y comerciales; a la administradora María del Carmen Damas Castro y a la propia mercantil.

Tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado Leal Parra y a Martínez Abril a un año de prisión por corrupción en las transacciones internacionales y a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, deberán pagar una multa de 1.080 euros _que responde a la cuota diaria de seis euros durante seis meses.

También tienen prohibido contratar con el sector público y han perdido la posibilidad de obtener subvenciones y beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social. Además, no podrán intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública durante tres años y medio.

El tribunal considera a Martínez Abril responsable de concretar "directamente" los términos y cuantías de las retribuciones destinadas a los altos cargos públicos; mientras que Leal Parra era quien ordenaba las transferencias. Damas Castro y la empresa han sido absueltos.

Según cuenta la sentencia, desde la constitución de la editorial en marzo de 2006, mantuvieron relaciones comerciales con el Ministerio de Educación de la República de Guinea Ecuatorial. Leal Parra y Martínez Abril consiguieron cinco contratos entre 2006 y 2008 para la edición de libros, cuyos precios oscilaron entre 675.000 y 1.821.600 euros.

Todos los contratos fueron firmados por Damas Castro en representación de APYCE y por los entonces ministros de Cultura Cristóbal Mañana y Anselmo Ondo.

TRANSFERENCIA DE 70.000 EUROS

Tras la finalización de estos servicios, con el fin de que la editorial pudiese seguir manteniendo la relación comercial existente y conseguir "la celebración de nuevos contratos de edición de libros con dicho Estado", los acusados, salvo la administradora, hicieron en 2009 una transferencia de 70.000 euros destinada a altos cargos de este Ministerio, subraya la sentencia.

Con el fin de crear apariencia legal, Damas Castro y el exviceministro de Educación de Guinea Ecuatorial Miguel Esono Mansogo firmaron un documento de financiación para la capacitación curricular del profesorado de inglés y francés del Estado africano, por el cuál la editorial española se comprometió a donar la cantidad transferida.

"Tras la realización de las transferencias, la mercantil 'APYCE, S.L.' incrementó sustancialmente su relación económico mercantil con la República de Guinea Ecuatorial y realizó nuevos contratos", afirma la resolución de la Sección Cuarta. De hecho, tal y como indica, la sentencia se formalizaron nuevas relaciones comerciales entre 2010 y 2013.

Esta es la primera sentencia en España por este delito, desde que en 2003 se incluyese en el Código Penal, de acuerdo al convenio Internacional de la OCDE de lucha contra la corrupción firmado el 17 de diciembre de 1997 y ratificado por España en 2002.

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