Se enfrentan a diez años de cárcel por ordenar la comercialización de este producto en 2009 a más de 5.500 clientes de la caja
MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los exdirectores de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Dolores Amorós se enfrentan a partir del próximo miércoles, 4 de junio, a diez años de cárcel cada uno por los delitos de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas por la venta de deuda subordinada y de preferentes emitidas en el año 2009.
Se trata de la segunda vez en la que los dos exbanqueros se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional después de que el año pasado fueran juzgados y condenados a tres años de cárcel por el falseo de las cuentas de la caja en 2010 y 2011.
En esta ocasión no ejerce acusación la Fiscalía, pero sí la Asociación Adicae y otro grupo de particulares que en sus respectivos escritos piden para cada uno ocho años de prisión por el delito de estafa agravado en concurso con delito de publicidad engañosa y dos por maquinación para alterar el precio de las cosas, además de una indemnización conjunta y solidaria de 11 millones de euros.
Además, piden que respondan como responsables civiles subsidiarios La Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo (heredera de la extinta CAM) y como responsable civil directo Seguros Caser.
La CAM realizó tres emisiones de participaciones preferentes: la serie A emitida en agosto del año 2001 por 300 millones de euros, la B de agosto de 2002 por 160 millones de euros y la serie C emitida el 29 de septiembre de 2009 por importe de 850 millones, según el escrito de las acusaciones particulares que recoge que, en lo que respecta a deuda subordinada, se realizó una emisión en febrero de 2004 por importe de 300 millones de euros.
76,32 MILLONES EN PRODUCTOS NO BENEFICIOSOS
Durante la comercialización de las preferentes serie C a un total de 5.540 clientes, les colocaron productos menos beneficiosos por un importe global de 76,32 millones de euros, rezan las acusaciones, que señalan directamente a López Abad y Amorós de, en calidad de directivos, ordenar a los empleados de todas las oficinas a que se colocara una parte de estos productos menos beneficiosos a los preferentistas "con la excusa de diversificar la gestión".
El pasado mes de enero, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela abrió juicio oral contra los dos exdirectores de la caja alicantina, aunque fue en marzo de 2016 cuando propuso inicialmente juzgarles debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos.
No ocurrió lo mismo en la investigación que se hizo en una pieza separada de las cuotas participativas emitidas por la entidad y cuya instrucción archivó en varias ocasiones la magistrada al considerar que los últimos estados financieros publicados en el momento de la emisión de este producto eran los de diciembre de 2007, que no estaban falseados.
IRREGULARIDADES DETECTADAS POR LA CNMV
En lo que respecta al producto de las preferentes, la División de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó "una serie de irregularidades" en su comercialización que quedaron recogidas en un informe de febrero de 2012, que recoge que la información facilitada al cliente adolecía "deficiencias relevantes".
"La alta confianza que ofrecía en los clientes el crédito irreputacional que las cajas habían acumulado durante el siglo XX y que, como hemos conocido, han dilapidado en los pocos años de vida de este siglo, permiten comprenden la facilidad con la que aquellos 'plazos fijos' fueron convertidos en preferentes cuando las necesidades de capital se revelaron acuciantes", reza el escrito de una de las acusaciones.
Se refieren los denunciantes a la mala situación financiera que atravesaba entonces la caja extinta. De hecho, en marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Finalmente, la CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y recibió una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
