La Audiencia Nacional juzgará mañana al etarra Vicario Setién por el secuestro de José María Aldaya

Actualizado 05/11/2006 12:25:10 CET

El martes se sentará en el banquillo Belén González Peñalva por el secuestro del financiero Prado y Colón de Carvajal en 1983

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional celebrará mañana, lunes, tres juicios contra el etarra entregado temporalmente por Francia a nuestro país Gregorio Vicario Setién, uno de ellos por su participación en el secuestro, en mayo de 1995, del industrial vasco José María Aldaya. También se le juzgará por la colocación de dos coches bomba en Barcelona.

En el juicio por el secuestro de Aldaya, el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo pide para Vicario Setién 17 años de cárcel por un delito de detención ilegal.

El secuestro lo realizó Setién, otro procesado en rebeldía y una tercera persona no identificada el 8 de mayo de 1995, cuando el industrial, de 53 años y propietario de la empresa Alditrans, regresaba de tomar unas consumiciones con otro trabajador en el Hotel Urdanibia de Fuenterrabía (Guipúzcoa). Setién y los otros dos terroristas le amenazaron con pistolas y le obligaron a subirse a su coche, poniéndole después una capucha y una inyección en el brazo.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, Aldaya estuvo privado de libertad hasta la madrugada del 14 de abril de 1996, en que apareció en el Alto de Azcárate, en el término municipal de Elgoibar (Guipúzcoa). La liberación la realizó directamente Vicario, según la acusación pública.

Durante el tiempo que estuvo privado de libertad, Aldaya fue retenido por Vicario Setién en un habitáculo de tres metros y medio de largo, un metro de ancho y dos de alto. "Dicho local estaba cerrado y sin ventana alguna, con una bombilla para la iluminación, suponiendo unas condiciones de vida infrahumanas para el retenido, teniendo, además, en cuenta su edad y su salud", precisa la Fiscalía.

El secuestro fue reivindicado por ETA mediante una llamada al diario Egin del 25 de mayo de 1995, "sabiéndose que para la liberación del señor Aldaya se exigió a la familia y a la empresa la entrega de una cuantiosa suma de dinero no exactamente determinada pero no inferior a 150 millones de pesetas (901.518 euros) y que, según todos los datos obrantes en la causa, ha sido satisfecha aunque por ahora se desconocen el lugar y modo".

La planificación del secuestro de Aldaya fue realizada por Alfonso Castro, condenado por ello en junio de 1998. El zulo y la atención diaria de Aldaya correspondió a José Ramada Estévez, condenado en abril de 2004. Utilizó 15 millones de pesetas que le facilito el dirigente de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, "Kantauri", para comprar una nave industrial en Ventas de Irún (Guipúzcoa) en la que construyó el zulo y se mantuvo retenido a Aldaya.

Durante las obras de construcción del zulo, Vicario Setién vivió en la nave industrial, marchándose al finalizar las obras, si bien mantuvo contactos periódicos con Ramada a través de citas prefijadas en Hernani, Lasarte y San Sebastián, hasta el momento en el que liberó al industrial secuestrado.

Vicario Setién será juzgado también el lunes por su participación en la colocación de dos coches bomba en Barcelona, uno en el aparcamiento de la estación de Sants, en febrero de 1996, que fue explosionado por la Policía -hechos por los que se piden para él 19 años de prisión-; y otro preparado para atentar a un militar residente en la capital condal, aunque éste no alcanzó finalmente su objetivo, en diciembre de 1993. Por este último hecho se piden para el terrorista 8 años de cárcel.

GONZÁLEZ PEÑALVA.

Por otra parte, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará el próximo martes a la que fuera miembro del "comando Madrid" de ETA Belén González Peñalva por su participación en el secuestro del financiero Diego Prado y Colón de Carvajal, entre el 25 de abril y el 6 de junio de 1983. Se piden para ella 15 años de cárcel.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal Jesús Alonso, González Peñalva se reunió en febrero del citado año en Saint Pierre de Irube (Francia) con el ya condenado José Luis Urrusolo Sistiaga y con el dirigente etarra Juan Lorenzo Lasa Michelena, "Txikierdi", quien les dio la orden de secuestrar al empresario con el fin de allegar fondos para la organización terrorista.

Tras someter a su víctima a vigilancias, la acusada, en compañía de Urrusolo y de Ignacio Aracama Mendía, "Macario", siguió al financiero hasta que éste introdujo su coche en el garaje de su domicilio, en la calle Zurbano de Madrid.

Allí, la acusada y Urrusolo abordaron a la víctima haciéndose pasar por policías pero, al ofrecer Prado resistencia a acompañárles, los terroristas le amenazaron con las pistolas que portaban y le forzaron a introducirse en el maletero del vehículo que ellos ocupaban, al tiempo que le ponían un esparadrapo en la boca y le inyectaban un somnífero.

Trasladaron al secuestrado a un lugar que no ha podido ser concretado aún con exactitud, que que se sitúa en las cercanías de la calle Arturo Soria de la capital, donde Prado estuvo retenido hasta el 6 de junio de 1983. Consiguieron por su rescate una cantidad próxima a los 600 millones de pesetas (3'6 millones de euros), y le liberaron en una carretera próxima a Madrid "en un estado físico y psíquico muy quebrantado por el largo encierro".

En los vehículos utilizados para el secuestro, según el fiscal, se halló diversa documentación manuscrita que, según los informes periciales, fue realizada de propia mano por González Peñalva, cuyas huellas digitales también se encontraron en el coche y en uno de los pisos utilizado por el "comando" en la capital.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies