La Audiencia rechaza poner en libertad al ex primer teniente de alcalde marbellí Pedro Román, imputado en 'Malaya'

 

La Audiencia rechaza poner en libertad al ex primer teniente de alcalde marbellí Pedro Román, imputado en 'Malaya'

Actualizado 22/06/2007 18:11:55 CET

MÁLAGA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado la puesta en libertad del ex primer teniente de alcalde de Marbella (Málaga) y mano derecha de Jesús Gil, Pedro Román, encarcelado desde el pasado 2 de mayo por su presunta vinculación con el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí.

Según el auto, al que tuvo acceso Europa Press, el Tribunal de la Sección Tercera estima que la resolución recurrida "detalla y razona suficientemente la existencia de datos de hecho" que justifican la medida de prisión provisional sin fianza adoptada por el juez para Román, por lo que considera que "no puede ser tachada de arbitraria o absurda".

En este punto, la Sala precisa que la posibilidad de ocultación o destrucción de pruebas "consta suficientemente fundamentada" en el auto del instructor. Además, elude hacer apreciaciones sobre la situación familiar o arraigo, de cara a mitigar el riesgo de fuga, puesto que "no consta avalada por documentación u otras pruebas", por lo que insta a justificarla en una nueva solicitud de libertad.

La defensa negó en la vista celebrada el pasado día 13 de este mes las imputaciones de blanqueo de capitales y fraude fiscal y los delitos contra la Hacienda Pública y urbanístico y argumentó que no existe riesgo de destrucción de pruebas, pues están ya en libertad los otros imputados que, presuntamente, participaron en una operación ilegales y la investigación se inició mucho antes de la detención.

Estimó que tampoco hay peligro de fuga, al recordar que vino "voluntariamente" desde Suiza, "al saber por la prensa que hay una orden de detención" y precisó que, incluso, "avisa a la Policía de que va a venir", por lo que fue arrestado en el aeropuerto. Asimismo, precisó que, aunque tiene antecedentes, "jamás" ha dejado de acudir a un juzgado y, recientemente, ha pagado 1,4 millones de euros para sustituir una pena de dos años.

Por su parte, el fiscal entendía que el imputado debía permanecer en prisión por riesgo de fuga, puesto que se tenían noticias de que iba a viajar a Estados Unidos, pero, finalmente, "no fue al destino previsto", sino que llegó a Suiza, pasando por Portugal, "para hacer desaparecer en la medida de lo posible lo que le vincule con ese dinero oculto", por lo que también existe peligro de destrucción de pruebas.

Así, habló de la existencia de indicios de que Román participó, junto con otros imputados en la causa, en una operación inmobiliaria, que calificó de "pelotazo urbanístico", y que podría haber supuesto, además de beneficios para los participantes, un perjuicio para las arcas municipales que se cifra en cinco millones, puesto que se redujeron los aprovechamientos que le correspondían al Ayuntamiento.

Señaló que la investigación "ha acreditado" que el ex edil, que fue arrestado a su llegada desde Suiza, aunque tenía una orden internacional de detención, se concertó con el ex comisario de Policía Florencio San Agapito y el letrado Juan Germán Hoffmann, también imputados en la causa, para llevar a cabo esta operación para lo que crearon una sociedad en Suiza, llamada Lispag AG, en la que también estaba el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

El ministerio público indicó que para la obtención de beneficios contaban con Roca "y con su posición en el Ayuntamiento", de forma que se consigue un aumento de la edificabilidad, que pasa de 532 a 11.416 metros cuadrados y la reducción de los aprovechamientos, que se quedaron en unos 2.400 metros cuadrados. Luego, la parcela se vendió a una empresa de Ávila Rojas --también imputado en el caso-- y "a los pocos meses se obtienen unas plusvalías de más de seis millones de euros".

Este dinero, según el fiscal, "se escondía" en cuentas abiertas en Suiza a nombre de fundaciones "radicadas en paraísos fiscales". De hecho, en dicha orden internacional de arresto, se señalaba que Román, al que se le imputan los delitos de fraude, delito fiscal, blanqueo de capitales y cohecho, percibía dichas cantidades a través de sociedades interpuestas como Fink 2.010 o la fundación Lare de Liechtenstein.

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