Los nueve millones de euros comprometidos con los prejubilados son "el problema más grave" y no figuran documentos firmados por la Junta
SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La auditoría elaborada por 'Deloitte' sobre las cuentas generales de la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, revela que el ejercicio 2008, cuando la directiva liderada por Fernando Mellet repartió dividendos de 258.000 euros, arrojó pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros, toda vez que la amenaza "más grave" la constituyen los nueve millones de euros comprometidos para las prejubilaciones y la nueva dirección sopesa una posible ampliación de capital si la Junta no participa en los costes de los prejubilados.
A lo largo de una sesión que se ha prolongado durante más de tres horas, el consejo de administración de Mercasevilla ha tomado hoy conocimiento del contenido de esta auditoría elaborada por la consultora 'Deloitte' y ya elevada al Juzgado de Instrucción número seis, que investiga tanto el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, como las irregularidades del concurso público mediante el que se adjudicó a Sanma --filial del grupo Sando-- los derechos de opción de compra de los suelos del antiguo mercado central pese a que el grupo Noga concurría con una oferta superior.
LA FINANCIACIÓN DEL ERE
Esta auditoría refleja el estado contable y financiero de Mercasevilla a fecha 30 de abril de 2009 y recoge que sólo en el periodo comprendido entre enero y abril de 2009, Mercasevilla acumuló pérdidas por valor de 280.000 euros, aunque el problemas más grave" que arrastra la sociedad mixta no es otro que los nueve millones de euros que debe afrontar para garantizar los pagos de los trabajadores acogidos al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, dado que aunque en las polizas figuran alusiones a la financiación autonómica, no se han descubierto documentos en los que la Junta de Andalucía haya firmado su participación económica en tal procedimiento.
Tras el consejo de administración, el consejero apoderado de Mercasevilla, el concejal socialista Alfonso Mir, ha comparecido ante los medios de comunicación para mostrar el "asombro" y la "indignación" de todos los miembros del consejo ante el resultado de esta auditoría externa encargada como consecuencia de la mencionada investigación judicial.
EL PAPEL DE 'Price Waterhouse'
El mejor ejemplo de la situación de la empresa, a juicio de Mir, es el descubrimiento de que el ejercicio de 2008, --en el que la directiva de Mellet y Ponce repartió dividendos entre los accionistas por unos beneficios valorados en algo más de 258.000 euros--, concluyó "en realidad" con pérdidas que superaban los 1.539.000 euros, extremo que según recordó, no había detectado la auditoría que sobre aquel ejercicio elaboró 'Price Waterhouse' por encargo de la propia empresa.
"'Price Waterhouse' tendría que haber hecho su trabajo en condiciones, hemos sido engañados", dijo Alfonso Mir, quien enfatizó que el consejo de administración ha acordado "tomar medidas" judiciales contra los antiguos gestores de la empresa e incluso contra 'Price Waterhouse' a consecuencia de este extremo. Así, advirtió de que la situación de la empresa "era insostenible" en los momentos en los que Mellet y Ponce, --el primero imputado por la causa del cobro de comisiones ilegales y la venta de los suelos y el segundo sólo por las últimas diligencias--, repartían beneficios entre los accionistas de Mercasevilla.
Dado el caso, el consejo de administración ha acordado "formular" ya las cuentas de la empresa a fecha 31 de diciembre de 2009 para conocer "cómo estamos", en alusión a la situación económica y financiera de la sociedad mixta, que sólo entre enero y abril de 2009 sufrió pérdidas por valor de 280.000 euros.
EL COMPROMISO DE LA JUNTA, QUIZÁ "OTRO ENGAÑO MÁS"
Pero Alfonso Mir dedicó especial atención a los nueve millones de euros que la auditoría externa de 'Deloitte' recoge como pasivo a cuenta de los compromisos de financiación de los prejubilados derivados del ERE de 2007, porque aunque en las pólizas relativas a este procedimiento figuran "acuerdos" en los que se alude a "que la Junta pagaría", lo cierto es que la consultora no ha localizado documentos "firmados" por la Administración andaluza que prueben su compromiso financiero para con este ERE. Quizá, a juicio de Mir, se trate de "otro engaño más".
En ese sentido, no ocultó que estos nueve millones de euros constituyen el "problema más grave" de Mercasevilla, porque si finalmente la sociedad mixta se ve abocada a afrontar en solitario estos pagos, Mercasevilla se vería obligada a "ampliar capital" a través de aportaciones del Ayuntamiento y Mercasa. Otra de las opciones barajadas por Mir, según dijo, es "un préstamo participativo", si bien descartó la "disolución" de la empresa y garantizó la conservación del carácter público de la empresa.
Ante este escenario, anunció que Mercasevilla buscará una negociación con el Gobierno andaluz para que sume "la mayor participación" posible en la financiación de los costes de las prejubilaciones.
