Autoridad Portuaria de El Musel no tenía "capacidad de decisión" sobre obras

Publicado 24/06/2015 15:10:58CET

Menéndez Rexach asegura que todos los contratos fueron aprobados por "unanimidad" y con el aval de Fomento

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Autoridad Portuaria del puerto de El Musel (Gijón) Fernando Menéndez Rexach ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González que no tenía "capacidad de decisión" en ninguna de las fases de licitación de las obras de ampliación que se llevaron a cabo entre los años 2005 y 2011, según fuentes jurídicas presentes en su declaración.

Menéndez Rexach, que ha declarado durante cuatro horas como imputado en la causa en la que se investigan los supuestos sobrecostes que se habrían producido en la compra de materiales de estos trabajos, ha señalado que todas las contrataciones se aprobaron "por unanimidad" y contaron con el aval del Consejo de Administración del puerto, del organismo público Puertos del Estado, de la Intervención General del Estado y del Ministerio de Fomento.

Su abogado, Agustín Azparren, ha asegurado tras las declaraciones que su cliente ha justificado adecuadamente "todos los sobrecostes" que reflejaba el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que reveló las irregularidades, que ha señalado que no se puede considerar como "un dogma de fe".

"Ninguna obra ha tenido tantos controles por su importancia", ha señalado el letrado antes de indicar que la liquidación final del presupuesto fue negativa, ya que un total de 90 millones se dejaron sin gastar. De igual modo, ha apuntado que la Unión Europea ya no está en plazo para pedir la devolución de los 247,5 millones de fondos que empleó en este proyecto.

Este miércoles también estaba prevista la declaración como imputado de Juan Miguel Pérez, exgerente de la unión temporal de empresas (UTE) que llevó a cabo las obras de El Musel y que compareció el pasado jueves como testigo junto a los responsables de las constructoras que desarrollaron los trabajos. Su comparecencia se ha retrasado hasta el próximo 7 de julio. Mañana, jueves, será el turno del exdirector del Puerto de Gijón José Luis Díaz Rato.

SEIS DELITOS

El juez Javier Gómez Bermúdez admitió a trámite el pasado 8 de agosto una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción a fin de investigar "las actuaciones de representantes y administradores" de la unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres, que llevó a cabo el proyecto entre los años 2005 y 2011, y de los integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, gestora de las instalaciones.

Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.

La Fiscalía justificó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, al considerar que podrían tener "una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y un grave perjuicio patrimonial en la economía nacional".

"GRAVES IRREGULARIDADES Y FRAUDE"

La denuncia se judicializó después de que la OLAF remitiera en marzo de 2014 un informe en el que denunciaba "graves irregularidades e incluso fraude" en este proyecto, así como "deficiencias en los sistemas de gestión y de control por parte del beneficiario, la Autoridad del Puerto de Gijón".

La Comisión Europea financió el proyecto con 198 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión, a los que se suman otros 49,5 que se
encuentran pendientes de cobro.

Gómez Bermúdez pidió a la Autoridad Portuaria de Gijón la remisión del expediente administrativo de contratación de las obras y la identidad de los miembros de este organismo y del ente público Puertos del Estado en las fechas en las que se produjeron los hechos. Asimismo, reclamó documentación sobre las relaciones que este organismo mantuvo con las empresas Hidrocantábrico y Tudela Veguín.

La UTE que llevó a cabo este proyecto estaba formada por las empresas constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas. A estas compañías el juez reclamó los registros contables y la documentación referente a este contrato, así como los documentos que justifiquen su relación con Hidrocantábrico respecto de la cantera de Aboño y los correspondientes a las operaciones con Tudela Veguín en relación con las canteras Peña María y La Hoya-Perecil.

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