La Audiencia de Burgos acuerda aplicar la 'Doctrina Parot' al violador del ascensor

 

La Audiencia de Burgos acuerda aplicar la 'Doctrina Parot' al violador del ascensor

Actualizado 18/09/2008 13:39:58 CET

BURGOS, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Burgos acordó la aplicación de la 'Doctrina Parot' a Pedro Luis Gallego, conocido como el 'violador del ascensor', condenado a 273 años de cárcel, quien en base a esta decisión por el momento no podrá salir de la prisión de Teixeiro (Coruña), que inicialmente anunció la salida del reo en el mes de diciembre tras la reducción de sus penas por beneficios penitenciarios.

Sin embargo, la Audiencia, en un auto fechado ayer mismo y que contra el que cabe recurso, decidió no aprobar la salida del preso el próximo mes de diciembre y aplicar el cómputo de las redenciones, ordinarias o extraordinarias, "en el cumplimiento sucesivo y siguiendo el orden de gravedad de las penas objeto de cumplimiento" de forma individual a cada una de ellas con un límite máximo de 30 años, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

De esta forma, Pedro Luis Gallego, condenado por el asesinato de la joven burgalesa Marta Obregón en 1993, la muerte de la joven vallisoletana Leticia Lebrato en 1992 y 18 violaciones más, no podrá salir de la cárcel hasta noviembre del año 2022.

La Sala de lo Penal de la Audiencia de Burgos tomó esta decisión tras conocer el informe del Ministerio Fiscal, que se mostró partidario de aplicar la 'Doctrina Parot', así como las alegaciones presentadas por la defensa del reo.

Los trámites se iniciaron a finales del mes de agosto, cuando la Sala Primera de la Audiencia de Burgos recibió un escrito del Centro Penitenciario de Teixeiro en el que comunicaba, para que la Sala lo aprobase, que la fecha del cumplimiento de la pena de este recluso era el 18 de diciembre de 2008, día que abandonaría la cárcel.

La 'doctrina Parot' es el nombre con el que se conoce la sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006 por la cual los beneficios penitenciarios se aplican sobre el total de las penas impuestas y no sobre el límite de 30 años.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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